La diputada indígena miskita Nancy Elízabeth Henríquez James, suplente del legislador Brooklyn Rivera, fue condenada a 8 años de cárcel por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
Liza Francis Henríquez, hija de la diputada, dijo a este diario que el juicio de su mamá fue dentro de la cárcel de mujeres La Esperanza, sin derecho a defensa y bajo un estado de salud deteriorado.
“Efectivamente ella recibió una visita el día de hoy (13 de diciembre), es la cuarta visita luego de su detención. Ella nos hizo saber que le estaban haciendo juicio allá adentro (La Esperanza), nos dijo hoy que la condenaron a 8 años de prisión, allí mismo se hizo, no nos informaron nada (las autoridades), ella no tuvo derecho a un abogado, simplemente fue condenada”, expresó.
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“Sentimos la impotencia de no poder hacer nada, sinceramente ahorita estoy desesperada y no sé qué hacer. Mi madre mandó a decir que si hay alguna posibilidad de que ella pudiera salir, así como salieron los demás presos políticos, porque no está en buenas condiciones de salud y está pagando por algo que no hizo, no cometió ningún delito”, expresó Liza Francis.
En desamparo
La líder caribeña, según los mensajes recibidos por su hija, se siente en un estado de desesperación, “ella es una señora de la tercera edad, ocho años para ella sería una condena a muerte, ella se siente desamparada porque no tiene derecho a la defensa. Eso es lo que ella nos ha mandado a decir”.
Henríquez James fue detenida el 1 de octubre por agentes de la Policía tras acudir a una supuesta entrevista sobre el caso del diputado propietario y fundador del partido político regional Yatama, Brooklyn Rivera, quien fue detenido el 29 de septiembre.
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Rivera y Henríquez eran los únicos diputados (propietario y suplente) de Yatama en la Asamblea Nacional de Nacional y fueron eliminados de la lista de legisladores, el 2 de octubre.
El 4 de octubre el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica de Yatama, acusándolo de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, de pedir sanciones contra el Estado de Nicaragua y de ser parte de una campaña que “tergiversa y falsea” para desestabilizar el país.