El politólogo Félix Maradiaga difiere de quienes han manifestado que la Unión Europea (UE) relajó las sanciones a funcionarios e instituciones de Nicaragua, tras introducir «excepciones humanitarias a las medidas de inmovilización de activos en diez regímenes de medidas restrictivas». Además de Nicaragua, estas excepciones de la UE son aplicables a ocho países más en el mundo, incluyendo Venezuela.
Maradiaga explicó que el Consejo Europeo lo que hizo fue implementar una decisión del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU), la Resolución 2664 (2022), aprobada el 9 de diciembre de 2022 con 14 votos a favor y ninguno en contra, que dejó establecido que, «en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, los países que han impuesto sanciones pueden hacer excepciones temporales para que las personas sancionadas no sean un obstáculo para la entrega de ayuda a los necesitados».
«Si en alguno de los nueve países sancionados se produjera una emergencia humanitaria y, al mismo tiempo, algún ministro o funcionario de ese país estuviera sancionado, la Unión Europea, los Estados miembros y las agencias de cooperación pueden hacer una excepción humanitaria y llevar a cabo trámites con dicho funcionario para que la ayuda llegue a las víctimas o beneficiarios», expresó el politólogo.
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La norma de la ONU establece: «La provisión de recursos económicos o la entrega de bienes y servicios necesarios para garantizar la entrega oportuna de asistencia humanitaria o para respaldar otras actividades que satisfacen las necesidades humanas básicas, están permitidas y no constituyen una violación de las congelaciones de activos impuestas por ese órgano o sus comités de sanciones».
«En otras palabras, la persona sancionada sigue estando bajo sanción, pero esa sanción no puede ser un obstáculo para la entrega de ayuda en caso de necesidad humanitaria», agregó Maradiaga.
Sancionados no permiten ayuda humanitaria, dicen otras voces
El lunes 27 de noviembre que se conocieron las modificaciones de la UE, una de las primeras en pronunciarse fue la opositora y socióloga, Haydée Castillo, quien expresó en X que el «alivio de sanciones» a la dictadura de Daniel Ortega «es contradictorio con los derechos humanos del pueblo de Nicaragua», porque «ninguno de los sancionados permite que se introduzca ayuda humanitaria que no esté bajo su control».
El alivio de sanciones a la #DictaduraOrtega es contradictorio con los derechos humanos del pueblo #Nic. Ninguno de los sancionados permite que se introduzca ayuda humanitaria que no esté bajo su control. https://t.co/Fbt1wGsZul
— Haydee Castillo (@HaydeeCastilloF) November 27, 2023
Maradiaga apuntó que esta resolución de la ONU es el resultado de 10 años de debates en las Naciones Unidas. Además señaló que «la resolución es amplia, no especifica tipos de emergencia» para destinar la ayuda.
Nicaragua es uno de los países más empobrecidos de la región, que en los últimos cinco años ha vivido una crisis sociopolítica, que ha obligado a emigrar a cientos de nicaragüenses.
Las sanciones de la UE contra funcionarios orteguistas comenzaron en octubre de 2019, después de la represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de derechos humanos. Las sanciones castigan a quienes dirigieron la represión armada y colaboraron para que se cometieran delitos de lesa humanidad.
Qué implican las sanciones de la UE
Entre los más de 20 funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE está la esposa del dictador Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; y sus hijos, Camila, Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo.
También, Francisco Díaz, director de la Policía y consuegro del dictador Ortega; Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE); Cairo Melvin Amador Arrieta, vicepresidente del CSE; Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado electoral; Nahíma Janet Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor); Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos de Nicaragua; y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), actualmente apartada de ese cargo.
Las tres instituciones estatales sancionadas por la UE, desde enero de 2022, son: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral y Telcor.
Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por este.
Maradiaga por último expresó la importancia de «ejercer la máxima presión sobre la dictadura sandinista de los Ortega Murillo para lograr la libertad de todos los presos políticos sin excepción y el fin de esa tiranía».
«Esto requiere sanciones más focalizadas, dirigidas a quienes han cometido delitos y crímenes de lesa humanidad, a los corruptos y a quienes ayudan a la dictadura a reprimir al pueblo. Cualquier persona que se considere opositor debe abogar desde sus respectivos ámbitos por sanciones más contundentes, pero esto implica comprender técnicamente las limitaciones o las nuevas normas internacionales en materia de sanciones», finalizó el politólogo.
