No es fácil opinar sobre lo que está ocurriendo en el poder judicial de Nicaragua, debido a la carencia total de información sobre los asuntos y problemas del Estado en general, y de la administración de justicia en particular.
Pero las informaciones que se divulgan son alarmantes, aunque no sean oficiales ni estén confirmadas. Activistas políticos y medios de comunicación opositores hablan de purgas masivas y hasta dicen que hay una situación de terror en la Corte Suprema de Justicia. Aseguran que alrededor de mil funcionarios y empleados del poder judicial —o sea más o menos un diez por ciento del total— han sido despedidos bruscamente, sin preavisos ni liquidaciones salariales. Algunos hasta sometidos a interrogatorios en las instalaciones de la policía de apoyo judicial
Esas mismas voces aseguran, o especulan, que el poder judicial ya ha colapsado y que después seguirán el Ejército y todo el aparato del Estado. Dicho de otro modo, que el fin del régimen de Ortega y Murillo es inminente y puede suceder en cualquier momento.
Pero alarmismos aparte, lo que sí es obvio es que en el sistema judicial ocurre un drama humano y social. Eso es lo que significa el despido masivo de una gran cantidad de funcionarios y empleados del poder judicial, aunque sean o hubieran sido simpatizantes, militantes y fanáticos del sandinismo.
Ahora bien, el verdadero colapso del poder judicial de Nicaragua radica en que ha sido despojado de sus atributos de independencia, integridad, profesionalidad y capacidad de impartir justicia. No de dictar sentencias para dar gusto a un poder superior, como ocurre ahora, sino para realmente hacer justicia.
Se conoce muy bien que el poder judicial es una de las tres columnas que sostienen la institucionalidad del Estado y su independencia es la garantía de la buena organización y funcionamiento del aparato estatal, que en una sociedad civilizada y moderna está al servicio de la gente y no de quienes detentan el poder.
El poder político es uno solo —explica Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la política—, pero se lo divide y se encarga a órganos diferentes el ejercicio de las porciones de poder resultantes de esa división: legislativa, judicial y ejecutiva. “El propósito —explica— es evitar que la concentración de la autoridad en un solo órgano estatal conduzca a la sociedad hacia el despotismo”.
Por eso es que quienes imponen la dictadura, la tiranía, el autoritarismo o como quiera que se le llame, lo primero que hacen es eliminar la división del poder estatal y concentrarlo de hecho en uno solo, en el ejecutivo, que es detentado por el caudillo o el dictador solo o con su familia y su partido político.
En Nicaragua no hay independencia de poderes y menos del judicial que por su naturaleza debería ser el menos político. Por su falta de independencia y ética profesional es que dicta los esperpénticos juicios para condenar a dirigentes y activistas políticos opositores, lo mismo que a sacerdotes católicos y al obispo Rolando Álvarez.
Los líderes políticos, que en el futuro tendrán que liderar la nueva transición a la democracia, deberán garantizar que los magistrados y demás funcionarios responsables de impartir la justicia sean auténticos profesionales del derecho, juristas ajenos a la política partidista y solventemente democráticos. Ojalá.
