Después de ejecutar una intervención policial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a finales de octubre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha efectuado despidos de más de 200 funcionarios de todos los niveles del poder judicial. La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, considera que no es limpieza ni barrida, «son cambios de movimientos estratégicos que van a renovar con fidelidades de personalidades nuevas».
Para Martínez la supuesta crisis en la CSJ es solo una «cortina de humo», cuyo poder del Estado compara con un «cáncer» que por años ha estado «completamente lleno de nepotismo, usurpación, corrupción, no solo en materia penal, sino en lo civil, laboral, registral, y eso no se puede tapar con un dedo», dijo.
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Con la separación de los cargos de los magistrados de la CSJ —Alba Luz Ramos (presidenta), Yadira Centeno y Virgilio Gurdián—, en este poder del Estado integrado por 16 magistrados, hay diez vacantes que tendrán que ser llenadas, «con personas manipulables, que no piensan, que no actúan, solo cumplen órdenes», señaló Martínez.
Sobre las destituciones de facto de los magistrados, la abogada sostuvo que «de la misma manera que fueron elegidos, de dedos, de esa misma manera fueron removidos».
Magistrados usurpaban cargos
Aunque estos magistrados fueron reelegidos en sus cargos en octubre de 2019, Martínez precisa que estos magistrados usurpaban los cargos, porque llegaron al poder judicial producto del pacto Alemán-Ortega.
«Este revuelo es producto del pacto liberosandinista. Lo que empieza mal termina mal. Ahora quieren legalizar lo ilegal que han hecho todo el tiempo, porque estos magistrados fueron nombrados de manera ilegal, es decir, de procedimiento, porque no se cumplió con las prerrogativas que establece la Ley de Carrera Judicial, ellos entran al poder judicial por nepotismo, hicieron a su gusto y antojo los liberales y los sandinistas con el pacto, se repartieron el poder, usurparon el poder», argumentó Martínez.
Funcionarios corruptos
Sobre los masivos despidos a empleados del poder judicial que se extendieron a otras sedes municipales, tras la barrida en la sede nacional de Managua, Martínez apunta que no representa ni el 30 por ciento de todo el personal a nivel nacional de la Corte.
«No hay barridas, porque son pocos los cambios, el poder judicial está plagado de sandinistas por todos lados. Que quiten a dos o tres jueces que enjuiciaron a más de 2 mil presos políticos que han estado durante todo este tiempo no significa nada. Estas personas jamás debieron ser funcionarios del poder judicial», expresó.
Agregó que «estas personas estaban sometidas a corrupción, no solo encarcelaron presos políticos, vendían sentencias, por contactos fallaban a favor de X o Y proceso, abogados allegados a ellos hacían que botaran acusaciones, o que se procesara a personas que eran inocentes, o que se inventaban delitos y no precisamente a personas consideradas opositoras. Esto era río revuelto, ganancia de pescadores. Es la corrupción en la que está emergido el poder judicial».
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Martínez insistió que «el poder judicial es un cáncer, desde los conserjes hasta los puestos más grandes. Nosotros que vivimos ese día a día, podemos decir que los vigilantes muchas veces nos manoseaban y eso era parte de un delito impune porque jamás se procesó. Estos despidos y destituciones no es una parte significativa, porque dentro del poder judicial (el régimen) sigue teniendo su estructura».
A la vez recordó que «están corriendo a personas que eran allegadas a funcionarios leales de trayectoria y fanáticos del sandinismo, miembros históricos del Frente Sandinista, ahí había nepotismo, ahí no hay víctimas».
Reportan más de 60 despidos en el Complejo Judicial de Masaya
Extraoficialmente, LA PRENSA conoció que este lunes 6 de noviembre, más de 60 empleados del Complejo Judicial de Masaya fueron despedidos, desde jueces hasta conductores.
La fuente indicó que oficiales de la Policía llegaron a eso de las 9:00 de la mañana y cerraron el juzgado. A la 1:00 de la tarde procedieron a retirar a todos los funcionarios y orientaron que «no tendrán liquidación».
También se conoció la destitución de los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN), Jimmy Chang (presidente) y Rafaela Castro, quien está presa, según la fuente.
También reportan que hubo alrededor de 40 despidos entre Puerto Cabezas y el Triángulo Minero.
Para que haya una limpieza y barrida total en el poder judicial y en el país sobre todo «se tiene que ir la dictadura», resaltó Martínez. «Estamos en dictadura, al no haber independencia en los poderes del Estado, todo está centralizado. Cómo vamos a hablar de Estado de derecho en Nicaragua cuando no existe», expresó la abogada.
