La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un comunicado en el que expresa su posición para «la elaboración de un Plan de Atención a los Flujos Migratorios en los países del SICA», culpó a las sanciones, que el régimen llama «medidas coercitivas unilaterales» —que han impuesto gobiernos como Estados Unidos, Canadá y los estados miembros de la Unión Europea contra regímenes autoritarios—, de «incrementar las migraciones masivas irregulares y no documentadas».
La postura de la dictadura ocurre una semana después que 21 integrantes del orteguismo, entre estos Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera del Frente Sandinista, junto con tres instituciones estatales, recibieron una ampliación de las sanciones impuestas por la Unión Europea, que las extendió en respuesta a las graves violaciones a derechos humanos que el orteguismo comete en contra de los nicaragüenses.
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«Las ilegales y terroristas medidas coercitivas unilaterales impuestas por países imperialistas y neocolonialistas afectan las políticas relacionadas con el desarrollo humano y material de los pueblos, y con ello, se incrementan las migraciones masivas irregulares y no documentadas, que desbordan las capacidades institucionales de los Estados», refiere el documento divulgado por la dictadura.
Agrega que «el modelo neoliberal y economías de consumo impuesto por las mismas potencias autoras de medidas coercitivas, incrementan permanentemente la pobreza y la desigualdad, la concentración de riqueza y el atraso cultural».
Sin embargo, la dictadura no aclaró que las sanciones que se han impuesto contra sus miembros y contra las instituciones estatales nicaragüenses, entre estas la Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), han ocurrido posterior a graves violaciones a derechos humanos contra los nicaragüenses, entre estos crímenes de lesa humanidad.
Causas estructurales incentivan la migración
El orteguismo, además de culpar a las sanciones, también mencionó que algunas causas estructurales de las migraciones son de orden económico, social, cultural, violencia y medioambiental, asegurando que estas deben ser atendidas de «manera integral para una mejor atención del fenómeno migratorio».
La dictadura evitó mencionar las causas estructurales de orden político, como las que ha generado la persecución que ha desatado en Nicaragua, desde 2018, al perseguir a cualquier nicaragüense que disienta con su régimen, además de los destierros y desnacionalizaciones que ha recetado a más de 300 nicaragüenses, entre estos más de 10 sacerdotes.
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La persecución política de la dictadura orteguista, sumada a la crisis económica y social, ha propiciado la migración de más de 600 mil nicaragüenses, la mayoría han optado por destinos como Estados Unidos, Costa Rica y España, según datos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
En el documento, el orteguismo además asegura que «la Política Migratoria de Nicaragua contribuye a garantizar la regulación de ingresos y egresos, ordenados, regulados y seguros de los migrantes, respetando su dignidad y derechos, en correspondencia con el Derecho Internacional Público y Humanitario, y en particular, los acuerdos adoptados en el marco de la Integración Regional Centroamericana».
Sin embargo, oculta que el país es utilizado —sin ningún tipo de regulación— como trampolín para la migración irregular hacia Estados Unidos, pues centenares de migrantes de origen haitiano, africano, venezolano y cubano llegan al país, la mayoría vía aérea, y siguen su travesía libremente vía terrestre de manera irregular.
