La persecución y represión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a los nicaragüenses considerados “opositores o críticos” no cesa; al contrario, se ha intensificado. Ahora oficiales de la Policía —institución sancionada por Estados Unidos— y miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) hostigan y amenazan a los ciudadanos ofreciéndoles cárcel o exilio, denunció el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, explicó a LA PRENSA que en los últimos días la organización ha recibido más de 10 denuncias por parte de personas que están en Nicaragua, quienes describen que “funcionarios policiales que se hacen llamar de la inteligencia en municipios lejanos de las ciudades los están hostigando, porque llegan a sus casas y los obligan a que se vayan al exilio o que los van a echar presos. Hay una nueva escalada en la represión”.
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El defensor de derechos humanos señaló que en la actualidad la dictadura está “obligando a las personas que considera peligrosas a que se vayan de Nicaragua, no le bastó con los miles de nicaragüenses que han huido. Esto nos dice que hay un verdadero terrorismo de Estado, porque la gente se siente en la línea de ser la próxima víctima de detención o de cualquier otra forma de violencia”.
Nicaragüenses desesperados
Ramírez-Ayérdiz puntualizó que también los integrantes del CPC en los barrios amenazan a las personas con que les van a echar a la Policía y a la Procuraduría General de la República (PGR), aparatos represores que en los últimos años ha utilizado el orteguismo.
“Los CPC los amenazan con que les van a quitar sus casas por pura venganza —de todo lo ocurrido en 2018— y por el poder desmedido que el régimen le ha dado a sus estructuras de represión en los barrios y comunidades. La violencia que ejercen los CPC es más extrema en los municipios alejados de las ciudades”, mencionó.
El abogado también señaló que las denuncias que han recibido como organismo internacional demuestran que los nicaragüenses en el país se “sienten en total desamparo, desesperación, terror y miedo”.
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Refirió que las personas por miedo de tener comunicación cercana con cualquier organismo que esté cerca del país, por ejemplo en Costa Rica, se ven en la necesidad de “comunicarse con organismos que están más lejos, y nosotros somos uno de esos, y esto nos preocupa mucho porque se ve la magnitud del terrorismo que se ha impuesto en el país”.
Contexto hostil y persecución
Lo documentado se da en el contexto hostil que vive Nicaragua como consecuencia del recrudecimiento de la represión de la dictadura, tras el estallido de las protestas antigubernamentales de abril de 2018.
El fin de semana pasado el régimen, en medio de un enorme despliegue policial, ordenó enviar a ocho sacerdotes a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) mejor conocida como el nuevo Chipote. Siete de los presbíteros permanecían bajo la figura de casa por cárcel en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima y al padre Cristóbal Gadea, de Jinotega, estaba detenido en las instalaciones de la sede policial en Plaza El Sol, según confirmaron a LA PRENSA fuerzas cercanas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
En la segunda semana de octubre, este Diario también comprobó que la persecución contra laicos de la Iglesia católica es palpable en Jalapa, Ocotal y San Juan de Río Coco, donde feligreses han sido detenidos, sus viviendas allanadas, y otros retenidos y liberados bajo amenaza y obligación de regresar a firmar semanalmente a las estaciones policiales de sus respectivos municipios.
En Ocotal, confirmó LA PRENSA, los feligreses Salvador Paguaga, encargado de las redes sociales de la parroquia Nuestra Señora de Asunción, y María Asunción Salgado Duarte, fueron capturados en sus viviendas, tras la captura del párroco de la iglesia católica en la que ambos se congregaban.