A raíz del robo del Incae, LA PRENSA en su editorial del martes 26 de septiembre señala que la dictadura utilizó la decisión de la Alianza Cívica de retirarse de la mesa de la negociación como excusa para incumplir los acuerdos firmados por sus representantes.
Como se recordará, la Alianza efectivamente se retiró de la mesa después del cobarde asesinato de Eddy Montes Praslín a manos de guardias de la cárcel Modelo el 16 de mayo del 2019. Además del retiro de la mesa, que terminó siendo definitiva, se hizo un llamado a paro general que fue un éxito total.
Para los negociadores de la mesa, seguir ahí suponía un dilema ético de continuar negociando con los responsables del asesinato de Montes y los demás de 350 asesinados hasta la fecha. Ese dilema, que lo tuvimos desde que nos sentamos al inicio, se había vuelto más insoportable ética y políticamente con el asesinato de Montes.
Al momento del asesinato de Montes, la mesa había llegado a dos acuerdos, el primero relacionado con la liberación de los presos políticos y el segundo denominado Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas. Los acuerdos se firmaron el 28 y 29 de marzo respectivamente.
En el acuerdo de Derechos y Garantías el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, al cumplimiento del debido proceso: que las autoridades cumplieran el mandato de poner en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores de la detención de cualquier persona. Que nadie podía ser sometido a detención arbitraria, ni que su domicilio podía ser violentado. Se garantizaría el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad, sin discriminación. Se establecía un compromiso de desarmar a los paramilitares. La Policía no podía decomisar teléfonos sin orden judicial. El Gobierno se comprometía a resguardar el regreso seguro de los nicaragüenses en el exterior y se garantizaba el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. Se reconocía plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la bandera nacional. El Estado garantizaría la constitución de organizaciones de cualquier índole, y se revisarían las cancelaciones a la personalidad jurídica que se había ejecutado hasta la fecha. El acuerdo continuaba asegurando el derecho a la información, la libertad de expresión, garantías constitucionales, la autonomía universitaria y los derechos de los pueblos indígenas.
Como es obvio de este resumen del acuerdo, todas las acciones las debía de ejecutar el Estado de Nicaragua, cuyos representantes imprimieron, de manera engañosa, sus propias firmas. De más está decir que el régimen violaría todos y cada uno de lo establecido en este acuerdo desde el día que lo firmaron y nosotros en la Alianza lo sabíamos. Por ello nunca dijimos, por ejemplo, que Nicaragua se había vuelto un país seguro para los exiliados y que podían regresar a la brevedad. Para que esto ocurriera y que además se cumplieran las demás condiciones, era imprescindible que el Gobierno y la Alianza acordaran quiénes serían los garantes del acuerdo. La dictadura nunca aceptó las propuestas de la Alianza que incluían a diversas organizaciones internacionales.
Las negociaciones además se habían empantanado desde la firma de los dos acuerdos ya que la dictadura no hablaba nada más que de emitir un comunicado conjunto en que hiciéramos un llamado a detener las sanciones, que era el verdadero objetivo que ellos perseguían. La Alianza se había opuesto a firmar dicho comunicado.
En corrección pues al comentario del editorial de LA PRENSA, la dictadura no necesitaba una excusa para incumplir lo que siempre pensó incumplir. El retiro de la Alianza se debió precisamente a la intransigencia de la dictadura de avanzar en los temas fundamentales como la democratización y la falta de voluntad expresa de cumplir con los dos acuerdos, agravado claro está, por la muerte de Montes.
Fue entonces al revés: el incumplimiento de los acuerdos por parte de la dictadura provocó el retiro de la Alianza y no fue excusa de la dictadura para no cumplirlos.
El autor es activista opositor nicaragüense en el exilio.
