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Sin “allendazo” no hubiera habido “pinochetazo”

Este 11 de septiembre de 2023 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado en Chile, en 1973, propinado por las Fuerzas Armadas comandadas por el general Augusto Pinochet. Por tanto, es el cincuentenario de la instauración de la dictadura militar pinochetista —la peor en la historia de Chile y quizás de toda América Latina— que duró 17 años y terminó de manera institucional y pacífica el 11 de marzo de 1990.

La dictadura de Pinochet causó más de 40 mil víctimas, entre asesinados, secuestrados, torturados y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados y desterrados. Estos son datos de una comisión especial que investigó después de la dictadura aquellos trágicos hechos y recopiló los testimonios de víctimas sobrevivientes y familiares de los que murieron y desaparecieron para siempre.

El golpe de Estado de Pinochet nunca debió ocurrir. Pero hay personas con capacidad para decidir el destino de los demás que no aprenden de la historia, porque son dominados por ideologías delirantes. Ese fue el caso de Salvador Allende, el presidente constitucional de Chile que fue víctima política y mortal del sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El actual presidente de Chile, Gabriel Boric, también socialista como Allende pero realista y sensato, ha lamentado que al conmemorarse el 50 aniversario del golpe de Estado algunos analistas digan que si no hubiera habido Allende tampoco habría surgido Pinochet.

Pero es cierto. La historia no hay que verla solo con el ojo izquierdo y tampoco únicamente con el derecho. La verdad histórica es que aquel golpe de Estado no ocurrió porque de repente se le ocurrió a Pinochet derrocar al gobierno civil. La insurgencia golpista de Pinochet fue consecuencia de la crisis total en la que la izquierda en el poder hundió a Chile, atizada por el mismo presidente Allende con su creencia absurda inducida por la ideología marxista leninista, de que hay que agudizar las contradicciones al máximo para asegurar el triunfo de un proyecto revolucionario.

Lenin elaboró la doctrina política de que la toma del poder por los comunistas para desencadenar la revolución, solo se podía lograr por medio de la violencia. No necesariamente una violencia de masas, pues según el doctrinario comunista ruso para tomar el poder bastaría que una minoría de iluminados por la teoría marxista se decidiera a derrocar a las clases gobernantes, pero no en cualquier momento sino cuando se dieran y combinaran las condiciones objetivas y subjetivas necesarias. O  sea cuando fuera creada la que él llamó “una situación revolucionaria”.

Lenin no llamó golpe de Estado a su plan para la toma del poder, pero eso fue lo que hicieron los comunistas bolcheviques el 25 de octubre de 1917, cuando asaltaron y se tomaron el Palacio de Invierno de Petrogrado y derrocaron al gobierno provisional democrático encabezado por el socialista moderado Alexander Kerenski.

Otro doctrinario marxista, Mao Tse Tung, modificó la doctrina leninista de la toma del poder y señaló que en un país como China se podía y debía lograr como resultado de una guerra campesina que avanzara del campo a  las ciudades y tomara su control.

El Che Guevara y Fidel Castro modificaron a su vez la doctrina de Mao, y determinaron que bastaba crear un foco guerrillero que se extendiera poco a poco hasta terminar derrocando al gobierno capitalista y tomar el poder. Como ocurrió en Cuba con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Los marxistas leninistas chilenos, entre ellos Salvador Allende, se alejaron de la doctrina de Lenin acerca de que solo por la violencia se podía tomar el poder y establecieron que en un determinado momento histórico, y en ciertos países como Chile, los revolucionarios podían tomar el poder pacíficamente, por medio de elecciones, y una vez teniéndolo en sus manos promover de arriba y abajo las transformaciones revolucionarias.

Allende tomó el poder presidencial con una minoría de votos del pueblo chileno, pero fue designado por el Congreso Nacional tras conseguir los votos parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano a cambio del compromiso de ajustar su gobierno a un Estatuto de Garantías Constitucionales y respetar la institucionalidad democrática.

Pero no lo respetó. Ya en la Presidencia Allende comenzó a imponer las medidas revolucionarias o disruptivas que él y su coalición (la Unidad Popular), decidieron que era necesario impulsarlas como fuese. Pero además violó la Constitución, irrespetó la separación de poderes, comenzó a gobernar por decreto ignorando al Poder Legislativo, atropelló al Poder Judicial y, en fin, trató de desmantelar el Estado de derecho.

Con sus medidas autoritarias Allende causó una profunda crisis integral, institucional, pero también económica y social, que fue incapaz de controlar. Y en vez de rectificar se aferró al mito marxista-leninista de que para resolver una crisis hay que agudizar más las contradicciones, y que para hacer avanzar la revolución hay que radicalizarla e imponer más medidas revolucionarias. Así el mismo Allende facilitó el golpe de Estado de los militares para quienes esa era la única salida.

Recientemente, el martes 29 de agosto pasado, LA PRENSA publicó un excelente y muy ilustrador artículo del académico chileno Juan Carlos Aguilera, titulado “Allende y la democracia”. En este escrito, con objetividad y respeto a la verdad histórica Aguilera detalla todas las violaciones a la Constitución, la institucionalidad democrática y los derechos políticos de la mayoría de los chilenos, que Allende cometió de manera deliberada y sistemática, no por error ni ignorancia, sino por empecinarse en aplicar una doctrina revolucionaria irracional que llevó al país a la ruina y a él mismo al suicidio. Pues hay que reconocerlo, Allende fue consecuente con sus ideas erróneas hasta la muerte.

Ahora no se trata de justificar el golpe de Estado y mucho menos los espantosos crímenes de la dictadura de Pinochet. Pero hay que decir la verdad histórica, que ese capítulo sangriento de la historia chilena y latinoamericana se pudo evitar si Allende hubiera respetado la Constitución y la institucionalidad democrática de Chile.

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