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CONTENIDO EXCLUSIVO.Algunas fueron apresadas en sus hogares frente a sus familias que presenciaron la violencia policial en contra de ellas. Otras, en sus negocios, en donde la Policía además de llevárselas detenidas, se les robó sus equipos de trabajo.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra hasta julio de 2023, un total de 12 mujeres presas políticas, de las cuales, cuatro permanecen en anonimato por el temor de sus familias a que sufran represalias y solamente están identificadas como una mujer de 56 años, otra de 55, una de 39 y otra de 35 años.
Además de estas 12 mujeres, desde el 19 de agosto de este año, la Policía ha detenido a cuatro mujeres más. Estas son las 16 presas políticas que Daniel Ortega mantiene en prisión:
Melba Damaris Hernández
Es socióloga y activista. Tiene 54 años. Había participado en manifestaciones opositoras desde el estallido social de 2018 y fue parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). También acostumbraba a sumarse a los piquetes en la cancelada Universidad Centroamericana (UCA).
Fue detenida el pasado lunes 29 de agosto en su casa de habitación y el día siguiente fue trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza, en Tipitapa. Todavía se desconoce cuál es la acusación en su contra.
Adela Espinoza Tercero
Fue detenida en su casa en el barrio El Recreo, en Managua, cerca de las 11 de la mañana del 19 de agosto. Tiene 26 años, es graduada de la carrera de Comunicación de la UCA y estaba estudiando una maestría en línea. Es madre soltera de dos menores de edad.
Espinoza se sumó a las protestas en contra de la dictadura de Daniel Ortega desde abril de 2018 y participaba constantemente en los piquetes que hacían los estudiantes en la UCA.
El Movimiento de Defensa Estudiantil UCA, al cual pertenece la joven, denunció que un día después de su detención, la Policía allanó la casa de su hermana. “A eso de las 9 de la mañana, la Policía orteguista cateó la casa de habitación de la hermana de Adela Espinoza Tercero, llevándose aparatos electrónicos como tablet, computadora y teléfono celular. Todo esto en presencia de su hija que es menor de edad, ya que la hermana de Adela también es madre. Exigimos se respete la propiedad privada e integridad de los familiares de Adela Espinoza Tercero”, señaló la organización en un comunicado.
El 23 de agosto fue trasladada del Distrito III de la Policía de Managua, hacia la cárcel de mujeres La Esperanza. El sábado dos de septiembre fue enviada a juicio junto a Mayela Campos y Gabriela Morales, quienes fueron acusadas de supuestamente cometer ciberdelitos.
Gabriela Morales
Es graduada de la cancelada Universidad Juan Pablo II y fue arrestada de manera simultánea al arresto de Adela Espinoza Tercero. Morales fue sustraída de su casa de habitación por agentes policiales acompañados de un CPC (Comité del Poder Ciudadano) de su barrio.
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Morales es apodada como “La Chinita” y estuvo atrincherada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). En agosto de 2018 había sido detenida por primera vez y liberada días después.
En aquella ocasión relató al canal 100% Noticias que fue torturada por paramilitares. “Me hicieron preguntas de quiénes eran los donantes más fuertes, y como no decía nada me golpeaban fuerte y me amenazaban de que le harían algo a mi familia, pero me siento orgullosa de que no revelé nombres. Me torturaron, me querían cortar el dedo con un alicate solo porque no di información. No sé por qué nos torturan si ellos saben todo”, relató la joven.
Joseling Mayela Campos
Esta joven activista es estudiante del tercer año de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Tiene 26 años y fue detenida el 21 de agosto junto a su pareja Josseth Daybi Miranda Rodríguez, de 27 años.
Ellos se encontraban en su casa de habitación en Veracruz, carretera a Masaya, y fueron sustraídos por personas vestidas de civil acompañados por el CPC del barrio. Minutos antes de su detención, Campos grabó un video donde aseguraba que podía ser arrestada. Ella participaba en protestas en contra del régimen de Ortega desde abril de 2018.
Anielka Lucía García Zapata
La joven Anielka García de 27 años es originaria de Chichigalpa. Es madre de un niño de siete años y una menor de 1 año a la cual no pudo seguir amamantando cuando fue detenida.
Estudió Marketing en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y apenas se graduó, utilizó sus ahorros para comprar máquinas especializadas en la impresión de diseños en gorras, tazas y camisetas y montar su negocio de serigrafía.
A García le encargaron el diseño de una camiseta azul y blanco, con un guardabarranco en el centro, acompañado de la leyenda que decía “Abril Vive”, “Viva Nicaragua Libre” y ese fue el motivo de su detención.
La noche del 4 de abril de 2023, varios agentes policiales ingresaron sin orden judicial a su negocio y se llevaron todas las máquinas, impresoras, computadoras, fotocopiadora, artículos promocionales y todo lo que encontraron en el lugar.
Anielka fue detenida junto a su hijo de siete años. Los subieron a una patrulla policial, pasaron dejando al menor en la casa de un familiar y a ella se la llevaron detenida.
Ivonne Patricia Espinosa Hurtado
Ivonne Espinosa es una señora de 56 años originaria de Boaco e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en esa ciudad. Ella fue detenida el 26 de abril de 2023. Su fotografía montada en una patrulla policial al momento de su detención se hizo viral en las redes sociales.
Espinosa fue acusada junto a otros ciudadanos, pero no se conoce cuál es el delito que se le imputó ni de cuánto tiempo será su condena.
Brenda Lee Baldelomar Alemán
Brenda Baldelomar es originaria de Chinandega. Tiene 48 años, utilizaba sus redes sociales para denunciar las arbitrariedades que comete el régimen de Ortega y se declaraba abiertamente como opositora. También atendía un negocio de comida rápida y de ropa.
Esta mujer fue miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero desde hace algunos años dejó de participar en política partidaria y se unió a la demanda de libertad y justicia de los nicaragüenses.
La tarde del 17 de abril de 2023, Brenda Lee fue interceptada por una patrulla policial a dos cuadras de su casa, en Chinandega, y se la llevaron detenida. El sistema del Poder Judicial señala que esta mujer supuestamente ofendió al Estado de Nicaragua, pero no detalla los supuestos delitos que la opositora ha cometido y tampoco a cuántos años fue condenada. En la causa fueron presentados como testigos cuatro oficiales de la Policía.
Sus familiares han denunciado que padece de hipertensión, afectaciones en el colon, corazón, migraña, y un problema en un oído causado por un artefacto explosivo que detonó cerca de ella durante la represión policial en 2018.
Nelly Griselda López García
Nelly López García vivía en Monimbó, Masaya, previo a su detención el 15 de abril de 2023. A su casa llegaron tres patrullas con agentes policiales preguntando por ella y por su esposo Eddy Castillo. La Policía revisó toda la casa y se los llevaron detenidos a los dos.
La familia estuvo cinco días sin saber sobre el paradero del matrimonio hasta que les confirmaron que se encontraban detenidos en el Distrito III de la Policía de Managua. Posteriormente, Eddy Castillo fue trasladado al Sistema Penitenciario La Modelo, y Nelly López fue llevada a la cárcel de mujeres La Esperanza.
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López es integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA). Es tía de Erick Antonio Jiménez quien fue asesinado durante la Operación Limpieza en Monimbó, el 17 de julio de 2018. Desde entonces, ella ha demandado justicia por la muerte de su sobrino y eso provocó que su casa permaneciera bajo constante asedio policial hasta el día de su detención.
Olesia Muñoz Pavón
Olesia Muñoz es una excarcelada política de 51 años que volvió a ser detenida por la dictadura de Daniel Ortega. Había sido detenida junto a su hermana Tania Muñoz el 31 de julio de 2018 por formar parte de las protestas antigubernamentales en Niquinohomo y en junio de 2019 fueron liberadas tras la aprobación de la polémica Ley de Amnistía.
Tras su salida de prisión, Muñoz se alejó de los movimientos opositores y se dedicó a actividades en la iglesia. Ella solía cantar en el coro de la parroquia Santa Ana, de Niquinohomo, donde también impartía clases de piano, guitarra y flauta.
Para 2023, la Policía llegó a su casa para advertirle que no podía hacer ningún tipo de actividades fuera de la parroquia de Santa Ana, de la cual ella era la mayordoma. Días después, el 6 de abril, Jueves Santo, varios policías y paramilitares llegaron a su casa con la excusa de que necesitaban hacerle unas preguntas. Se la llevaron en una patrulla y no regresó.
Desde entonces, Muñoz permanece detenida y fue acusada por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Hazel del Socorro Martínez Ulloa
Hazel Martínez fue detenida el 19 de abril de 2023 por ser activista digital de la página de Facebook, Mentes Libres. Antes del estallido social de abril de 2018, Martínez era ama de casa, pero al ver la represión contra los jóvenes en su natal El Viejo, Chinandega, se unió a las protestas.
Luego formaría parte de un grupo de personas que administraba la página de Facebook Mentes Libres, que está dedicada a publicar denuncias y opiniones en contra del régimen de Ortega. Ella se encargaba de realizar diseños que después eran divulgados en esta página.
Durante la detención, la Policía decomisó todos los celulares y computadoras que había en la casa, así como una motocicleta. El régimen de Ortega la condenó a 10 años de prisión por los delitos de “traición a la patria” y “ciberdelitos”, y permanece encarcelada en la cárcel de mujeres La Esperanza.
Martha Lorena Centeno Marín
Los familiares de la señora Martha Centeno de 49 años no han querido brindar mucha información sobre su caso, por lo cual, solamente se sabe que era una activista digital que demandaba la liberación del obispo Rolando Álvarez a través de publicaciones hechas en la página de Facebook Mentes Libres.
Según algunos medios de comunicación, Centeno tenía intención de repartir pegatinas pidiendo la libertad de monseñor Álvarez, pero la Policía la detuvo en su casa de habitación antes de que lo hiciera.
Martha Candelaria Rivas Hernández
Es originaria de Diriá, Granada y madre de dos hijos menores de edad. Fue condenada a cinco años de cárcel por el delito de falso testimonio en perjuicio de la administración de justicia.
Esta mujer de 44 años es la presunta víctima de violencia física por parte del sacerdote Manuel García Rodríguez que fue encarcelado el 2 de junio de 2022 y posteriormente condenado a dos años y ocho meses por lesiones físicas y psicológicas.
Martha Rivas explicó durante el juicio que el sacerdote la golpeó accidentalmente con un candado y no de manera intencional a como acusaba la Fiscalía y tampoco quiso firmar la denuncia en contra del religioso.
El caso fue utilizado por los medios oficialistas para desprestigiar al sacerdote y acusarlo de maltratador. También afirmaron que Rivas Hernández y el sacerdote sostenían una relación y divulgaron un video en el que se ve al padre García con un machete discutiendo con fanáticos orteguistas que lo asediaban en su parroquia.