Este domingo 20 de agosto se cumplen treinta años de uno de los episodios violentos más impactantes ocurridos durante el período de gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, el cual estuvo constantemente marcado por el acoso y el sabotaje del Frente Sandinista.
Nos referimos al secuestro de los dirigentes de la UNO, que formalmente era la coalición política gobernante, el cual fue ejecutado por una banda armada de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista. Cabe destacar que entre los secuestrados estaba el vicepresidente de la República, doctor Virgilio Godoy Reyes.
Hubo muchos otros actos de violencia opositora extrema —asonadas, asesinatos políticos y acciones terroristas— en aquel turbulento período de un gobierno muy democrático, pero extremadamente débil que había sido elegido por la mayoría de los ciudadanos y trataba de reconstruir al país destruido en todos los sentidos por dos guerras civiles consecutivas y una revolución de inclinación totalitaria.
El secuestro de la UNO fue ejecutado aparentemente en respuesta a otra acción armada realizada por rearmados de la Contra en el norte del país, que secuestraron entre otras personas a dos diputados sandinistas. Al ser estos liberados, los secuestrados de la UNO también fueron dejados en libertad después de cinco días de cautiverio.
Para el sandinismo, que por ser un partido armado y tener el control del Ejército y la Policía podía imponer sus condiciones mediante la fuerza bruta, el secuestro de la UNO fue provechoso de alguna manera.
Sobre todo lograron preservar casi íntegra la piñata sandinista, como se le llamó a la gigantesca apropiación de empresas y de bienes muebles e inmuebles del Estado y personas particulares después de que perdieron las elecciones de febrero de 1990.
Además, la UNO desistió del proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente y aceptó aprobar en consenso con los sandinistas una reforma constitucional parcial.
En cualquier caso, no es cierto que el proceso de democratización de Nicaragua de 1990 a 2006 fue gracias al sandinismo y una consecuencia de la revolución de los años 80. La verdad, como lo prueban los hechos históricos, es que el sandinismo trató de impedir la democratización del país por todos los medios a su disposición, inclusive los peores y más extremistas.
Sin embargo, el secuestro y las demás acciones violentas del sandinismo contra el gobierno de doña Violeta no pudieron impedir la transición a la democracia. El gobierno democrático de doña Violeta reconstruyó la propiedad privada y la economía productiva, abrió el camino a la sucesión electoral pacífica de otros dos gobiernos, impulsó cambios institucionales en el Ejército y la Policía, independizó los poderes Electoral y Judicial (encontró una Corte Suprema de 7 magistrados prosandinistas y la amplió a 12 miembros, de los cuales 8 eran independientes y democráticos); así como otros avances de gran significación.
Lo que no se podía esperar era que pocos años después un partido político supuestamente democrático, corrupto, pero con mucha fuerza institucional, pactara con el FSLN para ayudarle a recuperar el poder y restablecer la dictadura.
De los secuestrados de la UNO, algunos como Virgilio Godoy, la doctora Miriam Argüello, Róger Mendieta Alfaro, Eliseo Núñez Hernández, Joaquín Absalón Pastora y Ricardo Vega, ya fallecieron. Casi todos los demás que siguen vivos mantuvieron sus convicciones democráticas, aunque la mayoría por su mayor edad ya están retirados del activismo político.
