La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo oficial este jueves, por medio del Consejo Nacional de Universidades (CNU), el nombre que ahora llevará la confiscada Universidad Centroamericana (UCA). Será «Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro».
Sotelo fue un guerrillero destacado y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue presidente del Centro Estudiantil de la UCA y su lucha se centró en la autonomía universitaria, cosa que Ortega, Murillo y sus funcionarios se han encargado de destruir para tener todo bajo su control.
La UCA, de la orden de la Compañía de Jesús, anunció este miércoles que suspendía operaciones académicas y administrativas ante la orden de la dictadura de abrir un proceso penal por supuesto «terrorismo» y confiscar los bienes del alma mater.
Ante esto, el CNU aseguró que «trabaja» para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de la «extinta» UCA.
Este jueves anunció a las autoridades del nuevo centro de estudios que funcionará en el campus de la UCA y estará controlado por el orteguismo. El rector será Alejandro Enrique Genet Cruz; la vicerrectora Luz Marina Ortiz Narváez, y el secretario general, Moisés Ignacio Palacios.
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Confiscación, la estocada final contra la UCA
La universidad jesuita con más de 60 años en Nicaragua sufrió en los últimos siete días las peores embestidas ejecutadas por el orteguismo, con la suspensión, este miércoles 16 de agosto, de sus operaciones tras haber recibido un oficio en el que se le acusa de ser «un centro de terrorismo», una acusación que la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús ha rechazado.
«La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8:32)», apuntó la Provincia Centroamericana.
El 9 de agosto de este 2023, el régimen propinó el primer golpe, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), congeló las cuentas bancarias del alma mater y las de sus más altos directivos. Un día después fueron inmovilizados los bienes inmuebles y el 14 la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) ordenó revocar la renovación de la acreditación que ya había otorgado en abril pasado al Centro de Mediación de la UCA.
Los ataques contra la Universidad Centroamericana por parte de la dictadura empezaron en 2018, cuando el campus se convirtió en refugio de cientos de manifestantes heridos por la represión ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Autoridades de la universidad jesuita se pronunciaron abogando por el cese a la violencia y una salida por medio del diálogo. Sin embargo, el centro de estudios empezó a ser fuertemente golpeado con brutales recortes de presupuesto en 2019, 2020, 2021 y 2022.
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En este último año, la universidad apenas recibió un millón de córdobas, es decir menos del 1 por ciento de lo asignado en 2018.
Ese mismo año el exrector jesuita José Alberto Idiáquez no pudo regresar a Nicaragua, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud. Él intentó asistir al traspaso de la rectoría que ahora se encuentra bajo la dirección del padre Rolando Alvarado López.
Asimismo, el vicerrector Jorge Huete, también fue impedido de regresar al país y así se sumó a la lista de nicaragüenses desterrados de su patria. Él viajó a Argentina para participar en una actividad de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
