La «confiscación» está prohibida en la Constitución Política, pero en la práctica es lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al criminalizar a organizaciones, entre ellas universidades como la Universidad Centroamericana (UCA) y así imponerles una pena, sin juicio e incautarles todos sus bienes, explica el abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
En sus comunicados la UCA hace referencia a «incautación de bienes» y a «cuentas bancarias inmovilizadas».
Guadamuz explicó que «la incautación de bienes es una figura que está para los delitos relacionados con narcoactividad, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo», establecido en una ley creada por el régimen.
«En la práctica es un acto confiscatorio, que es una apropiación ilegítima de los bienes inmuebles y en la cual son transferidos al Estado, conforme estas leyes y reformas a todas las asociaciones sin fines de lucro», aclaró el abogado.
Remarcó que la forma de operar del régimen es utilizar la criminalización porque se habla de una figura penal que tiene que ver con la Ley 977 y sus reformas y actúan de acuerdo con las leyes de asociación sin fines de lucro para otorgarles los bienes al Estado. «La Ley 977 instaura la incautación de bienes y la de asociaciones de fines de lucro que una vez disuelta y si obstaculiza la labor de fiscalización los bienes pasan a nombre del Estado», explicó Guadamuz.
Sanciones o penas sin juicio
El abogado remarca que al hablar de actos criminalizantes lo que hace el régimen es imponer sanción o penas sin haber un juicio. «Algo que ha sido característico de este régimen poner penas sin juicios».
Es por ello, que religiosos jesuitas hablan que a la UCA se le violentó la garantía a un debido proceso.
«Estamos ante un acto aberrante de justicia procesal penal en donde se ha impuesto una pena sin un juicio previo. Un acto totalmente injerencista sobre el derecho a la asociación regulado a través del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y la propia Constitución Política. No ha habido un proceso administrativo real», detalló.
Aunque en la práctica es que se habla de «confiscación», la Constitución Política de Nicaragua la prohíbe de forma expresa. «La Constitución política prohíbe de forma expresa la confiscación de bienes, pero en la práctica es lo que están haciendo. Pero asimismo la Constitución no es un límite para el ejercicio de sus poderes», aclaró.
Consideró que al igual que la UCA, que las instalaciones de LA PRENSA y de organizaciones no gubernamentales y universidades el régimen sigue un «patrón».
«Un modus operandi, un patrón de comportamiento porque es sistemático, están todos los poderes del Estado involucrado en estos abusos y es general porque es a la sociedad en general, son verdaderas violaciones graves a los derechos humanos», indicó el abogado.
El Colectivo ha denunciado que el régimen violenta la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Guadamuz explicó que en la Constitución se prohibió la confiscación por el contexto en el que fue aprobada, en el año 1987. «Establecía esta característica como una especie de reivindicación histórica de los nicaragüenses por lo que había pasado y era una forma de evitar esto. Sin embargo el régimen Ortega Murillo está reeditando en una versión más cruel todas las dictaduras que hemos tenido en el pasado», aseguró.
