La semana pasada se conocieron dos buenas noticias para los nicaragüenses en condición de refugiados, solicitantes de asilo político y apátridas.
Una de ellas fue en Estados Unidos (EE. UU.), donde el martes 1 de agosto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una normativa a favor del reconocimiento de la apatridia para los migrantes y refugiados que quieran se les reconozca esa condición migratoria.
La otra buena noticia ha sido la de que en Costa Rica, el segundo país donde hay más nicaragüenses refugiados, perseguidos políticos y solicitantes de asilo, estos serán beneficiados con un seguro de asistencia médica a cargo de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), la institución tica equivalente al INSS de Nicaragua.
En el primer caso, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, presentó la nueva normativa en favor de los apátridas como “un paso histórico”, porque ahora, dijo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. podrá calificar a un inmigrante como apátrida para beneficiarlo. “En todo el mundo —declaró Mayorkas— las personas apátridas viven con miedo e incertidumbre”. Y agregó que su gobierno “está totalmente comprometido a abordar el problema global de los apátridas y derribar las barreras que enfrentan estas personas en Estados Unidos”.
La apatridia ha venido a ser un problema nicaragüense agravado a partir de febrero de este año, cuando el régimen excarceló y desterró hacia EE. UU. a 222 prisioneros políticos, les quitó la nacionalidad en contravención del derecho internacional humanitario y hasta eliminó del Registro Público los datos de que nacieron en su país; y además les confiscó sus propiedades y bienes —a quienes los tenían— incluyendo hasta las pensiones de la seguridad social.
Muchos otros nicaragüenses exiliados también fueron convertidos en apátridas por sentencias judiciales; y a quienes se les ha impedido el ingreso al país los han convertido también en apátridas de facto. Todos ellos —salvo los que han aceptado las solidarias ofertas de nacionalidad de otros países, España sobre todo—, podrán acogerse al beneficio que les ofrece la nueva normativa estadounidense sobre los apátridas.
En cuanto a los nicaragüenses que están en Costa Rica en condición de solicitantes de asilo político y refugio, ellos pueden solicitar que se les incluya en un registro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que identifica y evalúa los casos de las personas refugiadas que soliciten cobertura del seguro médico a cargo de la seguridad social costarricense.
Se estima que a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 1 de agosto de 2024, por lo menos 3,775 solicitantes de asilo y refugiados podrán obtener el beneficio de asistencia médica, que sin duda es la necesidad más apremiante para ese infortunado grupo social después de la de procurarse alimentos y albergue.
Se conoce que desde el año 2020 Acnur tiene un convenio con la seguridad social costarricense, mediante el cual se le ha proporcionado el servicio de salud a unas 6,000 personas de distintas nacionalidades que están en Costa Rica en condición de refugiados y solicitantes de asilo político. Este beneficio es financiado por la cooperación internacional, como la Unión Europea que ha aportado alrededor de millón y medio de dólares para ese fin humanitario.
Huelga decir que la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica beneficiarios de ese acuerdo humanitario son nicaragüenses.
Por supuesto que eso no resuelve todas las apremiantes necesidades de nuestros compatriotas refugiados y solicitantes de asilo político. Pero es una ayuda generosa que debe ser agradecida no solo por ellos, sino también por toda la sociedad nicaragüense, tanto la que permanece dentro del país como la que por extrema necesidad se encuentra afuera.
