España es el país de Europa más identificado con Nicaragua, por las profundas raíces históricas y lazos culturales que las unen. Y en las dramáticas condiciones en las cuales vive el pueblo nicaragüense desde 2018, esos vínculos se han estrechado más en todo lo que cabe.
La solidaridad del pueblo y gobierno de España ha sido impactante y emocionante. Lo demuestra la acogida a los exiliados y refugiados nicaragüenses; y sobre todo el otorgamiento generoso de la nacionalidad española a muchos de los 222 excarcelados políticos y de conciencia que el 9 de febrero pasado fueron desterrados y despojados de su propia y esencial nacionalidad.
Por esas y otras muchas razones los nicaragüenses que forman parte del amplio segmento democrático de la sociedad han debido estar pendientes de los resultados de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en España el pasado domingo 23 de julio.
Como se sabe (LA PRENSA lo informó ampliamente en su edición de ayer lunes 24 de julio), el Partido Popular (PP) de centro-derecha ganó las elecciones, pero no consiguió la mayoría absoluta de diputados que es indispensable para gobernar. Y el Partido Obrero Socialista Español (PSOE), que gobierna actualmente con el apoyo de grupos ultraizquierdistas, perdió nominalmente las elecciones, pero puede seguir gobernando.
Para formar el siguiente gobierno los dos partidos mayoritarios tienen que hacer alianzas con los partidos minoritarios. Sin embargo el PP solo la podría hacer con VOX, partido también de derecha, pero radical, y aun así no podría formar gobierno porque entre los dos no suman la cantidad de 176 diputados necesarios para formar la mayoría absoluta.
El PSOE sí puede conseguir esa mayoría con la alianza que ya tiene con los partidos de extrema izquierda, y captando el respaldo de los partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco que ponen la condición de convocar a referendos para votar sobre la separación de España de esas dos regiones.
Este es un riesgo muy grande para España y un precio muy alto para el PSOE y personalmente para el presidente socialista Pedro Sánchez. Sin embargo, también en una democracia como la española aplica la regla amoral de “hacer lo que sea con tal de no entregar el poder” y es muy notoria la ambición de Pedro Sánchez de mantenerse en la Presidencia.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, alega que desde el establecimiento de la democracia en los años 70 del siglo pasado siempre ha gobernado el partido que gana las elecciones. Y propone que se respete ese principio y se reconozca al PP y a él personalmente su derecho de gobernar.
Pero por su aferramiento al poder es improbable que el PSOE y Pedro Sánchez acepten esa propuesta. La alternativa en el caso de que los socialistas no cedan a la exigencia de los separatistas que quieren fragmentar a España, sería convocar a una nueva elección parlamentaria como lo prevé y permite la Constitución.
Según el artículo 99 de la Constitución de España, el rey (en este caso Felipe VII) debe proponer al Congreso de los Diputados un candidato a la Presidencia del Gobierno después de consultar a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Esto será inmediatamente después de que se instale el nuevo Congreso, el próximo 17 de agosto.
Si el Congreso aprobara al candidato propuesto con mayoría absoluta que se logra con 176 diputados, el rey lo nombraría presidente del gobierno. En el caso de que no se lograra esa mayoría, 48 horas después se debe repetir el procedimiento, solo que esta vez el candidato propuesto por el rey puede ser aceptado con mayoría simple de votos. Pero si tampoco logra la aceptación del Congreso con la mayoría simple de los votos parlamentarios, transcurridos dos meses después de la primera sesión de investidura fallida el rey podrá disolver el Congreso y se convocaría a nuevas elecciones parlamentarias.
Por el bien de la democracia española, que está tan asediada por el enemigo autoritario, como todas las democracias del mundo que dicho sea de paso son menos que las autocracias, esperamos que los diputados que han sido elegidos tomen la mejor decisión. Y sobre todo que no permitan una dolorosa e irreparable fragmentación de España.
