Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Justicia Penal Internacional, al conmemorarse el 25 aniversario de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional que determinó su constitución.
Se recuerda que el 17 de julio de 1998 una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de los Estados reunida en Roma, Italia, por convocatoria de las Naciones Unidas, estableció en su acta final la aprobación del Estatuto constitutivo de la Corte Penal Internacional. La cual es un organismo judicial mundial de carácter permanente que tiene la responsabilidad de perseguir, juzgar y condenar los crímenes más graves que se cometen contra el derecho internacional y la humanidad.
Se conoce que actualmente 173 Estados forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o sea que están bajo su jurisdicción. Otros 31 aprobaron el Estatuto pero no lo han ratificado, lo cual es imprescindible para que la Corte tenga competencia en ellos. Y cabe mencionar el dato de que dos países que formaron parte de este tribunal internacional, Burundi y Filipinas, decidieron retirarse de ella.
La creación de la Corte Penal Internacional despertó la esperanza en la parte noble de la humanidad –que creemos es la mayor parte de la misma—, en que por fin se podría investigar, juzgar y condenar a quienes en el ejercicio de los poderes públicos “ordenaran, promovieran o consintieran la comisión de crímenes” que, como se dice en el Preámbulo del Estatuto de Roma, “desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”.
“Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo –se dice en el mismo Preámbulo–, y a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean sometidos a la acción de la justicia”.
Esto significa que la justicia de cada país tiene la responsabilidad de ocuparse de investigar, juzgar y condenar esos crímenes nefandos. Pero donde no la cumpla, la Corte Penal Internacional debe actuar como complemento de la justicia nacional o para llenar su vacío.
Sin embargo, la esperanza de la humanidad en que se haga justicia ante los crímenes contra la humanidad, solo ha sido satisfecha de manera parcial. Lo cual se debe en gran parte a que algunas de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, China y Rusia, no forman parte de esta Corte y usan sus poderosas prerrogativas para eludir la acción de la justicia global.
Pero también hay países pequeños que no han aceptado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y, por lo tanto, esta no tiene jurisdicción sobre ellos a pesar de que algunos son violadores masivos de los derechos humanos y han sido acusados por organismos oficiales de la comunidad internacional de cometer crímenes contra la humanidad.
El Estado de Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional, nunca lo ha sido. Primero, porque cuando se aprobó el Estatuto de Roma en el año de 1998 el país era gobernado por el caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán Lacayo, que por sus raíces somocistas tuvo temor a la jurisdicción penal mundial. Segundo, porque en ese entonces la fuerza de oposición legislativa era el sandinismo, al que por sus propias razones tampoco le convenía que el Estado de Nicaragua fuese parte del Estatuto de Roma. Y menos que le pudiera interesar ahora que detenta el poder de manera total, autocrática y absolutista.
Como algo positivo de la Corte Penal Internacional en los 25 años transcurridos desde su constitución, se puede mencionar que en ese lapso inició investigaciones de crímenes contra la humanidad en 17 países, entre ellos Venezuela; ha condenado a 5 antiguos líderes políticos y militares por crímenes de guerra y contra la humanidad; ha iniciado 31 causas en relación con 50 sospechosos o acusados; y ha procesado y citado a varios jefes de Estado e inclusive dictado orden de arresto contra el gran autócrata ruso Vladímir Putin, por los espantosos crímenes de guerra que ha ordenado ejecutar contra Ucrania en su guerra de agresión imperialista.
El mensaje implícito en estos hechos es que por muy poderosos que se crean o sean los que cometen crímenes de guerra y contra la humanidad, en algún momento sus casos estarán en la Corte Penal Internacional y esta podrá determinar sus responsabilidades.
