La expulsión de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ordenada por la dictadura Ortega-Murillo, dejó en el desamparo a al menos un centenar de beneficiarios del trabajo de las religiosas en León.
Voluntarios que apoyaron la misión de las religiosas, en entrevista con LA PRENSA, denunciaron que al menos cien beneficiarios han empezado a pasar hambre, tras la expulsión ordenada por la dictadura, ya que esas personas recibían alimentos que a diario eran entregados por las religiosas.
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“Las personas beneficiadas son personas que duermen en los parques, aceras del hospital (de León) y en las aceras de la oficina de (la empresa) Claro. También, personas con adicción a la pega, algunos enfermos mentales y alcohólicos”, detalló uno de los voluntarios.
Otro de los voluntarios que apoyaron la misión de las religiosas expresó que desde el primer día que faltó el plato de alimentos que entregaban las religiosas en las calles de León algunas de las personas en situación de calle se acercaron a los voluntarios para preguntar qué les había pasado, por qué no les habían llevado su plato de comida, ya que los conocían porque en varias ocasiones participaron de la entrega de dichos alimentos.
“Todos ellos preguntan por las hermanas, porque ellas les facilitaban el desayuno”, resaltó.
Dictadura primero expulsó y después canceló
El pasado 1 de junio, la dictadura orteguista ordenó a la Policía tomar las instalaciones de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo en León y obligó a las religiosas a salir del país.
El Instituto Hermanas Pobres de Jesucristo, a través de un comunicado divulgado el 3 de julio, informó que las religiosas fueron enviadas a El Salvador para “continuar su misión”. Además, agradecieron la acogida que tuvieron en Nicaragua, especialmente de la Iglesia católica y el pueblo nicaragüense, en los siete años que trabajaron en León.
La dictadura orteguista, después de tomar las instalaciones y expulsar a las religiosas, ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, a través del acuerdo ministerial 91-2023, divulgado en La Gaceta por el Ministerio de Gobernación (Migob).
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La institución orteguista señaló a la Fundación, dirigida por las religiosas, de “no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos” y “obstaculizar el control y vigilancia” de la Dirección General de Registro y Control de organizaciones sin fines de lucro.
Además, indicó que le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) traspasar “a nombre del Estado” los bienes muebles e inmuebles de la Fraternidad Pobres de Jesucristo.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el último año ha dirigido toda una cacería contra la Iglesia católica nicaragüense, incluidas religiosas dedicadas a la ayuda humanitaria en Nicaragua. La abogada Martha Patricia Molina, defensora de derechos humanos de Nicaragua, ha documentado que al menos 41 religiosas han sido expulsadas u obligadas a huir del país desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
