Eso es lo que ha provocado en la Florida, Estados Unidos, la nueva ley migratoria estatal que reprime drásticamente a los migrantes indocumentados y a las personas que les ayuden o protejan.
La nueva ley migratoria que entró en vigencia el recién pasado sábado 1 de julio fue promulgada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, uno de los principales aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano que actualmente está en la oposición.
La iniciativa de la nueva legislación contra los migrantes ilegales dispone básicamente las siguientes medidas que a todas luces son más propias de un régimen autoritario que de una democracia de calidad, como se supone que es la estadounidense:
Primero, las empresas con más de 25 empleados solo podrán mantener y contratar a migrantes que tengan permiso de trabajo.
Segundo, a las empresas que contraten trabajadores migrantes que no tengan sus papeles en regla se les podrá revocar los permisos de operaciones.
Tercero, los migrantes indocumentados no podrán tener licencia de conducir y quedan invalidadas las que les han sido otorgadas en otros estados.
Cuarto, se constituye como delito penado rigurosamente el uso de documentos de identificación falsos para conseguir empleos.
Quinto, los hospitales quedan obligados a informar a las autoridades correspondientes sobre la situación legal de todas las personas que acudan en busca de asistencia médica, regular o de emergencia.
Sexto, es delito también sancionado rigurosamente con multa y cárcel transportar dentro o fuera del Estado a migrantes indocumentados, inclusive en el caso de que sean niños.
El recién pasado fin de semana por lo menos en una docena de ciudades de la Florida —incluyendo a Miami y la capital del estado, Tallahassee— hubo protestas de migrantes ilegales y otras personas que los apoyan y rechazan la nueva ley migratoria.
Los inmigrantes ilegales en la Florida son unos 772 mil, según el organismo especializado Migration Policy Institute que tiene su sede en Washington. Entre ellos hay muchos nicaragüenses, cuya afluencia se ha incrementado desde los sucesos políticos de 2018, aunque no sabemos cuántos podrían ser. En todo caso, esta porción de la población migrante de la Florida es muy importante para el mismo Estado, no son traficantes de drogas ni otra clase de criminales como dice el gobernador DeSantis.
Por el contrario, se trata de gente humilde, pero honrada y trabajadora, que según las investigaciones de los periódicos y las ONG “juega un papel relevante en el funcionamiento de la economía de Florida, sobre todo en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde se hacen cargo de labores que los trabajadores estadounidenses muchas veces no quieren hacer, al menos por los sueldos que los empleadores están ofreciendo”.
Esos sectores económicos ya comenzaron a sufrir los efectos de la nueva legislación contra los migrantes sin papeles, pues muchos de ellos han huido de la Florida hacia otros estados, abandonando sus trabajos y dejando las empresas en una situación complicada.
Al respecto la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), dijo en una declaración que la nueva legislación firmada por DeSantis “es una de las leyes migratorias más crueles”. Y pregunta la mencionada organización laboral: “¿Quiénes continuarán trabajando colocando techos, brindando servicios de limpieza, servicios de alimentos en restaurantes, paisajismo, construcción de viviendas y de edificios comerciales, atención de enfermería en nuestros hospitales y hogares de ancianos, y mucho más?¿Quién cosechará los cultivos que comemos todos los días y de los que dependemos para nuestro sustento?»
El periodista cubanoamericano Andrés Hernández Alende, cuya columna distribuida por Firmas Press ha llenado el vacío que dejó en LA PRENSA Carlos Alberto Montaner (q.e.p.d.), escribió en su artículo del martes 27 de junio titulado Pánico en la Florida por nueva ley migratoria que esta “es una estrategia (del gobernador DeSantis) en el intento de ganar la Presidencia”. Y advierte que en su momento se podrá saber si los votantes “han mordido el anzuelo de la intolerancia y la xenofobia”.
En realidad, la nueva ley antimigrantes en la Florida es una muestra de “rechazo, miedo o aversión al extranjero, al que llega de fuera”, como se define la xenofobia. Pero también es demostración de aporofobia, o sea de “odio, repugnancia y hostilidad hacia el pobre, el sin recursos, el desamparado”.
Debería ser una vergüenza para EE.UU. que políticos de esa clase (racistas, xenófobos y aporofóbicos) se postulen con mucho apoyo para ser el presidente de la que supuestamente es la democracia más grande del mundo.
