Las mujeres privadas de libertad “por motivos políticos o por su labor como defensoras” en Nicaragua sufren “situaciones especiales de riesgo” ya que son sometidas a “violencia física, sexual y psicológica”, que incluyen “golpes, violaciones, tocamientos indebidos, desnudos forzados, obligación a realizar sentadillas desnudas, amenazas de muerte y de violación”, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Mujeres privadas de Libertad en las Américas”.
“La CIDH ha documentado diversos actos de violencia, tortura y malos tratos cometidos por agentes públicos contra mujeres detenidas por razones políticas, por su labor como defensoras o por participar en las protestas en Nicaragua, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país”, señala el documento.
Además, resalta que dichos actos violentos contra las presas políticas son empleados “como medio para obtener información, castigarlas y humillarlas, tanto al momento de las detenciones como durante la privación de libertad”.
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La Comisión apunta que ha documentado los casos de detenciones de decenas de mujeres privadas de libertad, identificando que dichas capturas ocurrieron por motivaciones como: formar parte de agrupaciones o iniciativas que tendrían un rol relevante en la situación que atraviesa el país; intentar manifestarse en defensa de las personas detenidas por razones políticas; ejercer el periodismo y denunciar represión estatal contra manifestantes; y formar parte de movimientos estudiantiles y participar en protestas.
Actualmente, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene 64 personas encarceladas por razones políticas en las diferentes cárceles de Nicaragua, 10 de éstas mujeres, según el registro del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Sin embargo, la cifra de reos de conciencia podría ser mayor si se toma en cuenta que algunos familiares, por temor a represalias, prefieren no incluirlos en las listas que divulga públicamente dicha organización.
Restricción de visitas, un mecanismo de tortura
El documento de la Comisión además recuerda que las autoridades del Estado de Nicaragua, controlado por la dictadura Ortega-Murillo, han utilizado la restricción de visitas familiares, sobre todo las de menores de edad, como un mecanismo de tortura contras las mujeres privadas de libertad, especialmente contra quienes fueron capturadas por motivaciones políticas o por su labor en defensa de derechos humanos.
“En 2021 y 2022, niñas y niños no habrían visto a sus madres por periodos de más de seis meses”, denunciaron los defensores.
También, resaltaron que los centros carcelarios del país no cuentan con “espacios inclusivos para niños de distintas edades”, que propicien las condiciones para la realización de las visitas.
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La presa política Tamara Dávila, excarcelada y desterrada en febrero pasado por la dictadura Ortega-Murillo en un vuelo directo a Estados Unidos, fue una de las víctimas de las restricciones de visitas. La activista feminista y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) no pudo ver a su hija, de 6 años, desde que fue capturada en junio de 2021 y sólo logró un encuentro con ella hasta agosto de 2022, luego que realizó una huelga de hambre, aún en riesgo de su salud, exigiendo a las autoridades orteguistas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, el ingreso de la menor.
Dictadura aplicó nueve formas de tortura contra 28 presas políticas
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en el octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, recientemente también denunció las nueve formas de tortura a las que fueron sometidas 28 mujeres presas políticas, incluyendo entre estas: amenazas de matar o quitar a los hijos, trabajo forzoso, privación de medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer, desnudez forzada, tomas de fotografías y videos mientras estaban desnuda, interrogatorios desnudas, amenazas de violación, abuso sexual y violación sexual.
Los defensores confirmaron que al menos siete de estas 28 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua (2), en las estaciones de la Policía de Masaya (2) y Jinotega (1), y en centros clandestinos (2).
Además, documentaron que otras cuatro mujeres fueron víctimas de abuso sexual, y previamente víctimas de desnudez forzada, a manos de miembros de la Policía orteguista en los centros de detención de Managua, León, Jinotega y Masaya.
La organización defensora de derechos humanos resaltó que el Estado de Nicaragua, dirigido por la dictadura Ortega-Murillo, al permitir y ordenar dichas formas de tortura violeta tratados internacionales de los que es suscriptor, entre estos: la Convención Interamericana para eliminar sancionar y erradicar la Violencia contra la mujer o Convención de Belém Do Pará, y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
