Aunque la resolución que aprobó por unanimidad la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) insta a que cesen las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega, esto no llenó las expectativas de diversos grupos que intentaron que en ella se declarara ilegítimo al gobierno de Ortega, que dentro de unos meses abandonará el organismo. Sin embargo, dirigentes opositores no se dan por vencidos y aseguran que seguirán luchando para conseguir, antes de noviembre, posiciones más contundentes de parte de los países.
La resolución aprobada por unanimidad el viernes en la Asamblea General de la OEA se denomina “La crisis de derechos humanos en Nicaragua”. En ella los países miembros expresan profunda preocupación por las denuncias de persecución contra sacerdotes de la Iglesia católica, la cancelación de organismos sociales, la desnacionalización y destierro de nicaragüenses, entre otras graves violaciones de derechos humanos que viene cometiendo la dictadura de Daniel Ortega desde 2018.
De los 35 Estados miembros de la OEA, solo 33 están activos actualmente. Venezuela y Nicaragua no tienen representación.
«En esa resolución de la semana pasada por primera vez nadie votó en contra ni se abstuvo de votar, ese es el gran valor político que tiene. Esa unanimidad se logró porque está escrita en esos términos. Además, esos términos en los que está escrita reconoce que en Nicaragua se violan los derechos humanos y que hay una ruptura constitucional. Lamentablemente ese es el lenguaje diplomático. Pero insta al régimen a recapacitar, liberar a los presos políticos y a dar pasos firmes en lo que la comunidad internacional le ha demandado desde 2018», dijo la dirigente opositora Haydeé Castillo.
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Resolución no satisface a los nicaragüenses
La dirigencia opositora admite que «lógicamente» la resolución no satisface a los nicaragüenses, especialmente a los que abogaron por la declaratoria de ilegitimidad. «Una cosa es lo que los nicaragüenses quisiéramos que suceda. Pero otra cosa es lo que la correlación de fuerzas y el consenso diplomático puede lograr teniendo en cuenta que quienes toman las decisiones en la Asamblea General de la OEA son los gobiernos», agregó Castillo.
Según Castillo, desde 2018 ella y muchos dirigentes opositores han luchado para que la OEA declare ilegítimo a Daniel Ortega, porque son conscientes de que Ortega es ilegítimo de origen y desde 2018 ilegítimo por actuación. «Sin embargo, nunca se lograron los votos suficientes, porque tiene que ser un voto calificado en la OEA para que lo declararan ilegítimo, es decir 24 votos», afirmó Castillo.
La posición de Brasil, a criterio de algunos opositores, es asumir el rol de mediador, como ya lo intentaron en el pasado Argentina, Chile y Colombia; de El Salvador, que tiene otros intereses; Guatemala que está enfrascado en sus propios problemas y en unas elecciones; y Honduras y otros países que comparten intereses con Ortega.
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Nicaragua sigue sometido a la OEA
No obstante, los dirigentes opositores reconocen como un triunfo que en su momento la OEA declarara ilegítimas las elecciones de noviembre de 2021. En dichas votaciones Ortega aseguró su tercera reelección para el cuarto período consecutivo. La dirigencia opositora asegura que esta declaración fue producto de un trabajo arduo de incidencia que realizaron ante la Asamblea General de la OEA.
Un analista internacional, que prefiere omitir su nombre para evitar represalias, recordó que es a la OEA a quien corresponde esa declaratoria de ilegitimidad y por ser suscriptor del organismo está sometido a sus decisiones.
«La OEA es el máximo organismo político, jurídico y diplomático del continente y al ser suscriptor de este, el Estado de Nicaragua está a sujeto a sus decisiones. Es a la OEA a quien le corresponde determinar si una elección es legítima o no. Los pueblos, como el de Nicaragua, en las circunstancias actuales, sujetos a una represión salvaje, no tienen autonomía para decidir libremente sobre su destino. Solo mediante elecciones libres y transparentes y observadas pueden los pueblos autodeterminar su destino», consideró el analista.
La OEA no es vinculante
Por su parte el exaspirante presidencial y exreo político, Juan Sebastián Chamorro, aconsejó ver la resolución como lo que es y recordó que lamentablemente la OEA no es una instancia vinculante, por tanto no puede obligar a ningún gobierno a realizar ninguna acción. «Pero sí puede sentar las bases para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? La búsqueda de la justicia para las víctimas y el restablecimiento de la democracia», señala Chamorro.
Este fue el quinto año consecutivo que la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua. En todas ha condenado la represión armada contra las protestas civiles de 2018, que dejaron según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejaron más de 300 muertos.
Chamorro considera que se debe tomar en cuenta que las resoluciones han ido aumentando en consenso. Pero también valorar que han elevado la profundidad del lenguaje para condenar las violaciones de Ortega.
Buscar medidas unilaterales contra el régimen
Aunque están conscientes que lo más seguro es que no lo lograrán, los dirigentes opositores aseguran que seguirán abogando ante el Consejo Permanente de la OEA para que declaren ilegítimo a Ortega antes de noviembre. En ese mes se cumple el plazo para que Nicaragua abandone el organismo luego de su renuncia el 19 noviembre de 2021.
«Lo más práctico que podemos hacer los nicaragüenses es aprovechar esa resolución como un instrumento político para presionar a los gobiernos del hemisferio para que tomen medidas unilaterales en contra del régimen. Hablamos desde romper relaciones diplomáticas hasta tomar decisiones con el tema de la cooperación y el financiamiento económico que no está beneficiando a la población sino al tejido represor del régimen», señaló Castillo.
Según los opositores, la idea no es agravar la crisis económica que afecta a la población, sino debilitar el tejido represor del régimen. «Tenemos menos de medio año, pero si somos pragmáticos como nicaragüenses tenemos un gran reto para lograr la conformación de una alternativa al poder de Ortega que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de construir, para que la comunidad internacional se sienta más confiada para tomar pasos más firmes para salir de la dictadura. Es imposible que con el nivel de desarticulación, de dispersión que tenemos, convencer a la comunidad internacional a dar pasos más certeros», advirtió Castillo.
