La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad la Resolución “La crisis de derechos humanos en Nicaragua”, que expresa profunda preocupación por las denuncias de persecución de sacerdotes de la Iglesia católica, cancelación de organismos sociales, desnacionalización y destierro de nicaragüenses, entre otras graves violaciones de derechos humanos que viene cometiendo la dictadura de Daniel Ortega desde 2018.
El embajador y representante permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, Ronald Michael Sanders, lamentó que todos los esfuerzos que se han hecho para reestablecer la democracia en Nicaragua han sido “respondidos con desdén” po el régimen orteguista, pero dijo que seguirán.
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El documento reconoce que los miembros del clero y comunidades religiosas “sufren, entre otras cosas, detención arbitraria, hostigamiento y expulsión injustificada”; la seria y sistemática violación del derecho a la libertad religiosa en el ámbito público y privado; el cierre forzoso de centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria creados por la Iglesia católica; el cierre de entidades dedicadas a obras de caridad y asistencia social; la denegación de acceso a lugares de culto y el impedimento de la difusión de creencias religiosas mediante la supresión de medios de comunicación católicos”.
Alarmados por cierres de ONG
También hace un llamado a la autoridades de Nicaragua “para que deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos”, en alusión a los 316 nicaragüenses que han sido desnacionalizados y desterrados del país, o viven en el exilio por la persecución de Ortega, entre ellos políticos opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, periodistas, dueños de medios e incluso sacerdotes y obispos.
En el documento se declaran alarmados por los más de 3,000 organizaciones no gubernamentales (ONG) canceladas y confiscadas, entre ellas humanitarias nacionales e internacionales, incluida la Cruz Roja; e igualmente se declarán preocupados por el “escalamiento de la represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro de la situación de las mujeres, pueblo sindígenas y afrodescendientes”, entre otras acciones violatorias a los derechos humanos.
Insta a diálogo amplio con las autoridades nicaragüenses
La resolución mandata al Consejo Permanente de la OEA a que siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, con acciones adicionales, incluso “instando al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga agenda para que cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses sea lo más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención”.
Pero para las víctimas de Ortega, la mayoría en el exilio, las resoluciones de la OEA son insuficientes y lo que piden a este organismo es declarar ilegítima la presidencia de Daniel Ortega, por considerarlo un dictador.
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Los tres días que se celebró la 53 Asamblea General de la OEA, en Washington D.C., grupos de nicaragüenses llegaron a protestar frente a la sede de este organismo, para manifestar su descontento con la falta de efectividad de las resoluciones.
Este es el quinto año consecutivo que la Asamblea General de la OEA aprueba una resolución sobre la situación de Nicaragua, tras la represión armada contra las protestas civiles de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La resolución fue presentada por la delegación de Canadá, tras ser consensuada con el Grupo de trabajo sobre Nicaragua, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá y Perú.
La resolución mantiene los llamados al régimen de Daniel Ortega para que libere a los presos políticos, detenga la represión contra los opositores y contra la Iglesia católica, entre lo que se incluye la petición de recibir información sobre el obispo Rolando Álvarez, que está preso por criticar a la dictadura de Ortega.
La Asamblea General de la OEA se realizó los días 21, 22 y 23 de junio en Washington D.C., Estados Unidos.
De los 35 Estados miembros de la OEA, sólo 33 están activos actualmente. Venezuela y Nicaragua no tienen representación y Cuba no participa. Precisamente estos tres países son considerados regímenes dictatoriales porque cometen violaciones de derechos humanos, entre los que se cuentan represión contra los opositores, censura a los medios de comunicación, prohibiciones de las libertades públicas, entre otras violaciones.