Luego de conocerse el allanamiento y confiscación de algunas propiedades del empresario Piero Coen Ubilla, a través de un comunicado él confirmó que las propiedades tomadas son las que están inscritas a título personal de él y su esposa Jaffa Snow Felber de Coen, que es ciudadana estadounidense. El empresario además rechazó la confiscación de sus bienes y negó haber cometido delito para justificar ese acto. LA PRENSA ha intentado contactar al empresario y ejecutivos del grupo Coen para profundizar sobre la situación pero no han respondido llamadas ni mensajes de WhatsApp.
Representantes del sector privado consideran que la acusación judicial y la confiscación de los bienes del empresario, son una pésima señal para los inversionistas locales y extranjeros. Y advierten, que dañará aún más el debilitado clima de negocios de Nicaragua.
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Si se cumplen amenazas de Grisby el país retrocederá
«Este es un pésimo mensaje para los empresarios. El Grupo Coen está altamente diversificado, tiene empresas ganaderas, en la agroindustria, en zona franca, servicios financieros, bienes raíces, en el sector servicios y comercio, es un Grupo sumamente importante. Entonces este es un mensaje clarísimo de que nadie está a salvo de la depredación de Ortega al sector privado», dice el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
Además, considera que esto refleja que se están cumpliendo las amenazas del propagandista del régimen William Grisby que a través de su programa de radio amenazó a varios representantes del gran capital. «Esto afecta el ya deteriorado clima de negocios de Nicaragua en el sentido en que cualquier inversionista estará claro de que ningún tipo de inversión está segura». señaló.
Para un dirigente empresarial que por temor a represalia pide anonimato, lo ocurrido con Coen es sumamente grave, porque amenaza con hacer retroceder varias décadas la economía.
«El vocero del Frente Sandinista (William Grisby) amenazó a (Carlos) Pellas, Ramiro Ortiz (dueño de Banpro, matadero San Marín y otras empresas), a (Roberto) Zamora (dueño de Lafise Bancentro, Matadero Macesa, entre otros), Juan Bautista Sacasa (accionista de BDF), José Antonio Baltodano (del Grupo CISA, Café Soluble, entre otros). En resumen, si confiscan a estos el país retrocederá automáticamente un montón de años, con el consecuente efecto de más pobreza y desgracia para todos», advierte el dirigente empresarial.
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Grupo Coen genera 3,500 empleos directos
El Grupo Coen tiene sesenta años de trayectoria, genera unos 3,500 empleos directos y 7 mil indirectos y está altamente diversificado. Tiene empresas en el sector ganadero y ofrece servicios financieros a través de la recepción y envío de remesas. También ha desarrollado diversas inversiones en bienes raíces en Managua y otras zonas del país. En Chinandega posee proyectos habitacionales, bodegas industriales y el parque industrial de Zona Franca Internacional Chinandega (Zofric).
En Guatemala posee la empresa Mayoreo de Computación (Maycom) que se dedica a elaborar licencias de conducir. Y en el sector industrial posee la empresa Alas Doradas, que fabrica papel absorbente y lo distribuye en Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico.
En el caso del servicio de remesas, desde hace más de treinta años el Grupo Coen posee la representación en Centroamérica y México de la transnacional Western Union. A nivel local esta opera a través de la concesionaria AirPak.
¿Ortega quiere acciones de las empresas del Grupo Coen?
Chamorro considera que el interés de Ortega al confiscar a Coen puede ser quedarse con las acciones que él posee en diversas empresas, entre ellas AirPak, que canaliza un porcentaje de las remesas que llegan al país y que el año pasado superaron los 3 mil millones de dólares. «Pero ahí el accionista es el papá (Piero Coen Montealegre) y esa puede ser una forma de presión para él también», señala Chamorro.
Además, recuerda que ya existe un antecedente al respecto. Hace varios años el régimen estableció, que el Estado debe tener participación accionaria en las nuevas inversiones que se realicen en el sector energético.
«Ya existe este antecedente en el sector energético, que prácticamente es un tipo de extorsión a la empresa privada. Entonces, puede ser que ahora estén pensando en un esquema de ese tipo con la empresa de remesas y otras en las que Coen Ubilla tiene participación. Pero realmente todo puede pasar porque Ortega es capaz de cualquier cosa», admite Chamorro.
En declaraciones recientes, otros especialistas habían advertido del impacto negativo mayor que tendría para la economía una confiscación a escala al gran capital de Nicaragua.
Una de las fuentes dijo que confiscar a los grandes empresarios podría empeorar el clima de inversiones en el país, y los pocos inversionistas que están en Nicaragua podrían tomar la decisión de retirarse y llevarse su capital.
“Si yo como inversionista veo que a otros empresarios los están confiscando, que no hay seguridad ni respeto a la propiedad y que mi capital no está a salvo, lo más seguro es que me vaya. Eso, en este momento, haría mucho más daño a la economía y también habría más desempleo”, afirmó.
Por su parte, el analista político y economista Enrique Sáenz dijo: «una confiscación al gran capital “sería devastador para la economía del país”, y mencionó que en caso de que se confisquen las grandes empresas, el régimen no tendría la capacidad técnica para ponerlas a producir.
“No es descartable que los confisquen, pero sería devastador. La economía de Nicaragua quedaría destruida en un dos por tres”, señaló Sáenz en su momento.
De igual manera, la especialista que solicitó anonimato consideró que el régimen de Ortega podría nacionalizar estas empresas y hacerlas estatales, pero en un futuro, se tendrá que indemnizar a los afectados. “Imaginemos que confiscan un banco. Eso sería un montón de plata la que habría que pagar en indemnizaciones, y el afectado incluso podría pedir otra cantidad de dinero por el tiempo en que ese banco dejó de funcionar y de generar ingresos”, explica el abogado.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua dice expresamente que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Esta norma está vigente desde una reforma constitucional que se hizo en 1995 y que precisamente buscaba evitar que volvieran las confiscaciones como las que hicieron los sandinistas en los años ochenta. A pesar de lo que diga la Carta Magna, Ortega ya ha confiscado propiedades a opositores y organizaciones no gubernamentales.
