El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fortaleció las detenciones arbitrarias y los juicios express, como una forma de represión contra los opositores. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas entre el 1 de abril y el 7 de mayo de este año registró la detención de 91 personas.
De estas 91 personas, 50 fueron liberadas hasta inicios de mayo y para ese momento solamente 7 habían sido puestas a la orden de un juez; 6 fueron expulsadas del país, entre ellas un adolescente de 17 años.
Patrones de las detenciones
De acuerdo con el Mecanismo, de las 55 detenciones registradas en abril, 34 aún continuaban detenidas al cierre del informe presentado en mayo, la mayoría opositores y feligreses católicos. Al momento de publicarse el informe se desconocía el centro de detención de al menos 15 personas.
«Un patrón observado en abril es el de la desaparición forzada por ocultamiento de paradero luego de la detención. Este patrón se ha registrado en otros periodos de tiempo y consiste en que luego de la detención de una persona, el Estado oculta su paradero por varios días, incluso hasta semanas. Durante ese tiempo, el Estado no brinda comunicación oficial confirmando paradero ni permite a familia ni defensa técnica ver a la persona. A consecuencia de esta conducta, la persona detenida y que se encuentra desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto a su vez la deja expuesta a violaciones de sus derechos y otras violaciones, como la tortura e incluso la violencia sexual», detalla el informe.
Agregan que en esas detenciones prevalece la desinformación por parte del poder judicial al no presentar a los detenidos ante un juez, si se les acusó formalmente.
