La Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) expresó su preocupación por el cierre de espacios cívicos en Nicaragua. Esta relatoría forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha seguido “con especial atención” la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
En el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2022 el Redesca expresó su preocupación por “el impacto que tiene el cierre de los espacios cívicos y la falta de garantías institucionales en el pleno goce y disfrute de tales derechos en el país. En ese sentido, preocupa a la Redesca que, dado ese contexto, los indicadores de pobreza y de desigualdad en el país no hayan mejorado, dando cuenta que la crisis política e institucional sigue contribuyendo a la exacerbación de la pobreza y la desigualdad”.
Redesca recomienda al Estado de Nicaragua que cese todos los actos de persecución y hostigamiento en contra del personal y cuerpo docente de centros de educación superior. Además, expuso que en el país se debe de garantizar la libertad académica en todos los centros educativos en todos los niveles, “evitando cualquier intento de adoctrinamiento ideológico y procurar ambientes educativos que sean participativos, inclusivos y diversos”.
En el informe titulado Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho, publicado en 2021, la Comisión expuso que “en Nicaragua operó un proceso paulatino de concentración del poder y debilitamiento de las instituciones democráticas que se fue consolidando a partir de la crisis de derechos humanos de 2018 y con la reelección de Daniel Ortega, el 7 de noviembre de 2022, para un cuarto mandato consecutivo en la Presidencia, bajo un clima de represión, impunidad estructural y fraude electoral”.
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Situación de salud de los privados de libertad
Redesca expuso en el informe su preocupación por la situación de salud y las condiciones de detención de las personas presas políticas que aún existen en el país. “La Comisión y la Redesca recibieron información persistente sobre las graves condiciones de detención de las personas privadas de libertad en las diferentes instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional como La Modelo, La Esperanza y Waswalí. Las denuncias refieren, entre otras, a la falta de acceso a la salud, agudización de enfermedades, alimentación insuficiente y de mala calidad, aplicación de regímenes de aislamiento o castigo de manera arbitraria”.
Asimismo, en este informe anual la Relatoría Especial expuso que no contaron con información oficial sobre la situación de la pandemia en el país. Redesca monitoreó la situación en Nicaragua a través de distintos mecanismos como el Observatorio Ciudadano Covid-19, pero expresaron que desde julio de 2022 esta plataforma no ha actualizado los datos.
En este sentido, Redesca y la CIDH recomendaron al Estado de Nicaragua que debe ser transparente la información y entregue cifras actualizadas sobre la situación actual de la crisis sanitaria y su impacto en la población nicaragüense. “La CIDH y la Redesca reiteran que toda decisión de política pública en el marco de la pandemia debe considerar las recomendaciones realizadas en las Resoluciones 1/20 y 4/2020, mientras que las acciones enmarcadas en los procesos de vacunación deben ajustarse a lo indicado en la resolución 1/2021”, indicó.
Asimismo Redesca recordó al Estado de Nicaragua que es su obligación proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, así como respetar su integridad física, no emplear tratos crueles, inhumanos y respetar la dignidad inherente del ser humano.
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En este informe igual se afirmó que se debe garantizar el acceso a la participación, información y justicia en materia ambiental, a fin de que las organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades de defensa del medioambiente puedan hacerlo si ninguna represión por parte del Estado.
