En la sección de Opinión de este martes 23 de mayo publicamos un artículo del periodista colombiano José E. Mosquera, titulado El calvario de La Haya.
Mosquera es colaborador eventual de LA PRENSA y su artículo que publicamos en esta edición se refiere a un libro de reciente publicación en Colombia, del expresidente de este país Ernesto Samper Lizano. El artículo se refiere básicamente a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dictada el 19 de noviembre de 2012, que judicialmente puso fin a la “disputa territorial y de delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia”.
No es política editorial de LA PRENSA comentar los artículos de opinión de nuestros colaboradores. Si lo hacemos esta vez es porque se trata de un tema fundamental de soberanía nacional de ambos países, en el cual el periodista Mosquera como es lógico toma partido por el suyo.
Cabe recordar que la sentencia de La Haya de 2012 resolvió judicialmente la histórica disputa territorial marítima entre Nicaragua y Colombia, acerca de la posesión de las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y las aguas adyacentes en el Mar Caribe. Aquella sentencia confirmó la soberanía de Colombia sobre el mencionado Archipiélago, pero al mismo tiempo estableció una línea de frontera marítima favorable a Nicaragua, dejando las islas y cayos encerrados en una especie de enclave con acceso y salida libre de Colombia.
Sin embargo, la parte colombiana no acató la sentencia alegando que fue perjudicada por la sentencia del tribunal internacional al que las dos partes sometieron su litigio. Inclusive, días después, Colombia se declaró fuera del Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948, que es el Tratado Americano para la Solución Pacífica de los Conflictos entre las partes
No vamos a entrar en detalles sobre los antecedentes históricos del litigio colombo-nicaragüense, que se remontan a la época colonial. Los cuales pasan por algunos tratados incluyendo el Bárcenas Meneses-Esguerra de 1928, cuando Nicaragua estaba ocupada militarmente por Estados Unidos y por carecer de soberanía nacional no era competente para firmar tratados territoriales con representantes de otros países.
Lo que nos interesa señalar y dejar sentado, es que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia sobre diferencias de límites territoriales, terrestres o marítimos, son de obligatorio cumplimiento. De acuerdo con el Artículo 61 del Estatuto de la Corte, esta solo podría revisar su sentencia si se descubre y presenta “un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia”.
Además, en tal caso según el mismo artículo 61, “Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo”. Agrega que “No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha del fallo”. Pero desde la sentencia de La Haya del 19 de noviembre de 2012 han pasado ya diez años y medio, de manera que ni siquiera cabe ya pedir una revisión.
A Colombia solo le queda acatar la sentencia de La Haya, sin perjuicio de su derecho a negociar con Nicaragua algunos temas secundarios particulares. Como sería en este caso la garantía de los derechos de navegación y pesca de la población raizal, como se llaman los habitantes colombianos del Archipiélago de San Andrés.
Es cierto que hay sentencias de La Haya que no han sido acatadas por países que se consideraron afectados por ellas. Entre ellos podemos mencionar a: Estados Unidos, Francia, Argentina, Sudáfrica, Irán, Nigeria, Marruecos, Islandia, Malasia, Rumania, Albania y Tailandia. Pero eso no le da derecho a Colombia de no acatar la sentencia de noviembre de 2012, lo que la coloca al margen de la justicia internacional.
Sucede con muchos principios y normas del derecho y la justicia internacional que no siempre son cumplidos por países que se consideraron perjudicados y son más grandes y poderosos que los otros. Sin embargo, a pesar de la resistencia de Colombia a acatar la sentencia de La Haya, se conoce que Nicaragua está ejerciendo su derecho de soberanía sobre el territorio marítimo que le fue reconocido como propio por aquel histórico fallo judicial internacional.
En todo caso, habría que señalar que ahora que Colombia tiene un presidente izquierdista afín ideológicamente al régimen de Nicaragua, esta afinidad quizás podría facilitar un acuerdo binacional sobre garantías de los derechos de los raizales, reconociendo la parte colombiana la soberanía territorial marítima que le concedió La Haya a Nicaragua. La cual es irrevocable.