Los activistas y medios opositores nicaragüenses se adjudicaron como una victoria política la decisión de los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), de no reelegir a Dante Mossi como su presidente para otro período de cinco años.
Mossi ha sido acusado por los opositores nicaragüenses de ser un financiador generoso del régimen de Daniel Ortega. De allí que antes de la asamblea de gobernadores del BCIE que se reunió el viernes 12 de mayo en República Dominicana —en la cual se debía decidir sobre la reelección o no de Mossi—, los opositores nicaragüenses en el exterior desarrollaron una intensa campaña de propaganda, denuncias y presiones políticas para impedirla.
Finalmente la asamblea de gobernadores del BCIE no aprobó la reelección de Mossi, de manera que su mandato de cinco años terminará en el próximo mes de diciembre, cuando será sustituido por un nuevo presidente.
La decisión de no reelegir a Mossi fue tomada por unanimidad de los gobernadores del BCIE, no por mayoría de votos ni por consenso. Esto indica que todos los gobiernos de los países miembros del banco regional no estuvieron de acuerdo en la reelección, inclusive los amigos del régimen de Nicaragua.
Los gobernadores del BCIE no han dicho por qué no reeligieron a Mossi; y seguramente no lo dirán porque no están obligados a hacerlo. Esa transparencia no se acostumbra en instituciones intergubernamentales como el BCIE.
Lo que sí ha sido ampliamente conocido es que la gestión de Mossi como presidente del BCIE ha dejado mucho que desear. No ha sido eficiente y tampoco transparente en su manejo de la institución financiera regional.
Al respecto fue esclarecedor un artículo de opinión del economista costarricense Eduardo Trejos Lalli —quien fuera representante permanente de Costa Rica en el BCIE hasta el año pasado—, que publicó en varios medios de países del área centroamericana.
Dice Trejos Lalli que “ya para el 11 de diciembre de 2021 nueve directores preocupados por el rumbo que llevaba el BCIE informamos a nuestros gobernadores sobre el deterioro en la rentabilidad financiera (ROE) que pasó del 7.42 % en 2018 al 2.68 % a octubre de 2021. También el ingreso financiero neto pasó del 2.37 % en 2018 a 1.83 % al cierre de 2021 y las utilidades bajaron de US$223.5 millones en 2018 a US$83.6 millones. Además para finales de 2021 la administración informó de la caída del índice de capital ajustado por riesgo (RAC) que pasó de 16 % a 14 % donde el 15 % es el límite para obtener el very strong acorde a los estándares de calificación AA que ostenta el BCIE”.
Pero además de esa grave deficiencia de gestión financiera, Trejos Lalli reveló que ha habido un exceso de discrecionalidad personal de Mossi en el manejo de los fondos administrativos del Banco. “En sus cuatro años de gestión —señala el exdirector del BCIE por Costa Rica— Mossi ha duplicado el presupuesto de gasto del banco, de US$70.1 millones en 2018 a US$146.4 en 2022. En este periodo el BCIE realizó ostentosas contrataciones de nuevos edificios y remodelaciones en las oficinas en Tegucigalpa y adquisiciones de nuevas sedes en Argentina, Taiwán, España, Corea, República Dominicana… justo cuando todas las señales promovían lo contrario. Además la planilla se incrementó un 30 % a la de 2018 llegando a más de 450”.
Es obvio, pues, que Dante Mossi perdió la confianza de los gobernadores del BCIE fundamentalmente por su mala gestión administrativa, por eso no ha sido reelegido como presidente de la institución financiera regional.
Además ha quedado muy claro que el convenio constitutivo del BCIE necesita ser reformado. Tanto para que el componente de derechos humanos sea un determinante de su política crediticia, como para que haya mecanismos eficaces que prevengan los abusos en su funcionamiento interno.