El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto como condición para negociar con la oposición que demanda la realización de elecciones libres con garantías, que la Corte Penal Internacional (CPI) suspenda el proceso de investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad que tiene abierto contra su régimen represivo.
Esa condición, entre otras parecidas, la puso Maduro en ocasión de realizarse el 25 de abril recién pasado en Bogotá la conferencia internacional sobre la crisis de Venezuela, convocada por el presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.
Además, Maduro pidió a la CPI que le dé acceso a los expedientes de las 8,900 víctimas de supuestos crímenes contra la humanidad, en los que se sustenta el proceso de investigación. Una demanda que la CPI no puede ni debe satisfacer.
La investigación arrancó el 27 de septiembre de 2018, cuando fue solicitada oficialmente por seis Estados miembros de la CPI: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, los cuales presentaron suficientes evidencias para respaldar su petición.
Argentina se retiró de la denuncia en 2019, cuando asumió el poder presidencial un gobierno de izquierda condescendiente con la dictadura venezolana. Pero eso no afectó el proceso de investigación ya iniciado, como tampoco el hecho de que el año pasado otro de los Estados que la pidió en 2018, en este caso Colombia, pasó a ser gobernado también por un presidente izquierdista amigo y aliado de Maduro.
En realidad, es absurda la petición de Maduro de que la CPI suspenda el proceso de investigación abierto contra su dictadura, por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
La CPI es un tribunal internacional independiente, en el que no influyen las intrigas políticas ni las conveniencias particulares de ningún Estado. De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto de Roma, que establece las competencias de la CPI y regula su funcionamiento, solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede pedir la suspensión temporal de un proceso, por el período de un año. Para lo cual se tendría que demostrar, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que la continuación del proceso de investigación de la CPI pone en peligro la estabilidad y la paz internacionales.
Actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad está en manos de Rusia, potencia expansionista que está violando la Carta de las Naciones Unidas con su guerra de agresión contra Ucrania. Rusia es apañadora de la dictadura venezolana, pero no podría hacer que el Consejo de Seguridad de la ONU ordene la suspensión del proceso abierto por la CPI, porque además de que es injustificable jamás tendría el consenso necesario para lograrlo.
De manera que no hay cómo el régimen de Maduro se zafe del proceso que está en curso en la CPI, por la acusación de crímenes contra la humanidad. La cual fue debidamente documentada en 2018 por la investigación de un Panel de Expertos Independientes nombrado por la OEA; y reafirmada y ampliada en 2020 por el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por las Naciones Unidas.
Cabe señalar que el caso de Nicaragua es distinto, pues aunque los informes de algunos organismos y comisiones internacionales indican que aquí también se habrían cometido crímenes contra la humanidad, ningún Estado ha presentado una acusación formal ni ha pedido una investigación ante la Corte Penal Internacional.
