La república, que en un principio no supo qué hacer con las ruinosas universidades coloniales, optó por cerrarlas. Luego las reabrirá bajo un nuevo esquema, el napoleónico, y con un nuevo propósito: constituir la expresión de las recién formadas sociedades nacionales y contribuir a la formulación de su pensamiento. No faltaron fundaciones universitarias en los años inmediatos a la independencia, debidas más que todo a los protagonistas liberales de la emancipación. El propio Bolívar, consciente del valor de las universidades como símbolos de prestigio nacional, fundó las universidades de Cartagena en Colombia y las de Trujillo y Arequipa en Perú. La de Buenos Aires fue creada en 1821, a cinco años de la proclamación de la independencia.
Dos universidades, establecidas al sur y al norte del continente, la una a mediados del siglo pasado y la otra a principios del actual, serán los modelos clásicos de la universidad nacional latinoamericana: la creada por don Andrés Bello en Santiago de Chile, en 1843, y la fundada por don Justo Sierra, México, en 1910. De ambos, el que más influencia ha tenido en la organización de las actuales universidades latinoamericanas, es el esquema de don Andrés Bello, calificado por Steger como la «universidad de los abogados».
Posteriormente, Tomás Frías, siguiendo el modelo francés, dispone que las universidades asuman la dirección de todo el sistema educativo, pero no logra avanzar de «la frontera eclesiástica y forense». La Universidad sigue siendo señorial, frecuentada por los hijos de las clases dominantes, y controlada por abogados y clérigos Su actitud «europeizante le mueve a mirar con desprecio lo indígena, símbolo del atraso del país, e incluso a dificultar el acceso a sus aulas de los mestizos, increíble paradoja resultante de la estructuración de una Universidad, con vocación urbana, en un país eminentemente rural y campesino. El modelo, sin embargo, lograría un apreciable éxito en otro país, bajo otras circunstancias: en la Universidad organizada para Chile por don Andrés Bello También en Chile, a raíz de la Independencia, se aspiró a lograr la reforma integral del sistema educativo El 27 de julio de 1811, la Junta de Gobierno de la República creó el Instituto Nacional, corporación que agrupó y coordinó las tareas docentes de la antigua Universidad de San Felipe y de otras instituciones coloniales.
En realidad, la enseñanza universitaria la asumió el Instituto, quedando la Universidad reducida a la categoría de «Academia de los Sabios y Museo de las Ciencias». Entre los estudios de Ciencias Naturales, el Instituto incorporó la docencia de las Matemáticas, la Economía Política y las Lenguas Vivas, y en la sección de Medicina, los de Botánica y Química. El Instituto y la Universidad experimentaron sucesivas clausuras y reaperturas, según la suerte de los bandos en pugna, hasta el año 1839 cuando, definitivamente,la República declara extinguida la Universidad de San Felipe y ordena trasladar sus bienes a la nueva Universidad de Chile, en proceso de fundación. El proyecto de ley orgánica de la nueva Universidad lo redactó don Andrés Bello, quien también fue su primer rector.
Promulgada la ley por el Congreso Nacional en noviembre de 1842, la Universidad fue instalada solemnemente el 17 de setiembre del año siguiente, con motivo de un nuevo aniversario de la Independencia. Bello, a quien el ministro Manuel Montt reconociera como «el gran artífice de la obra»,pronunció en esa ocasión un discurso en el que, al decir de Pedro Lira Urquieta, «fijó para siempre el papel de la universidad de Chile y podríamos decir de la universidad americana».
La universidad debía ser, según Bello, expresión fiel de la vida de la nación, cuyo desarrollo espiritual, educativo y cultural debía promover y presidir. Rasgo esencial de la nueva institución deber ser la libertad, pues ella «es el estímulo que da vigor sano y actividad fecunda a las instituciones sociales».
La Universidad, agrega Bello, «no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si (como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas) el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso, bajo un punto de vista moral, o bajo un punto de vista político».
Bello concibe, además, a la universidad como «un cuerpo eminentemente expansivo y propagador»,que debía tener a su cargo la supervisión de toda la educación nacional y procurar su extensión y mejoramiento: «Yo, decía , ciertamente soy de los que miran la instrucción general, la educación del pueblo, como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno, corno una necesidad primera y urgente; corno la base de todo sólido progreso; corno el cimiento indispensable de las instituciones republicanas. Pero, por eso mismo, creo necesario y urgente el fomento de la enseñanza literaria y científica. En ninguna parte ha podido generalizarse la instrucción elemental que reclaman las clases laboriosas, la gran mayoría del género humano sino donde han florecido de antemano las ciencias y letras»… «La instrucción literaria y científica es la fuente de donde la instrucción elemental se nutre y se vivifica; a la manera que en una sociedad bien organizada la riqueza de la clase más favorecida de la fortuna es el manantial de donde deriva la subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo».
Las ideas de don Andrés Bello, según Luis Galdames, traslucían el espíritu aristocrático que entonces predominaba en la clase superior, en cuanto a la posesión y distribución del saber.
La Universidad quedó integrada por las facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias Matemáticas y Físicas, Medicina, Leyes y Ciencias Políticas, más la de Teología. La Universidad, de acuerdo al modelo napoleónico de monopolio educativo, toma inicialmente a su cargo la dirección y superintendencia de toda la enseñanza pública y el control de la privada. Sin embargo, la docencia continuó en el Instituto Nacional, reservándose la Universidad solo funciones académicas y de otorgamiento de grados. Al poco tiempo la instrucción primaria se desprendió de la Universidad para formar un servicio especial bajo la dirección del Estado; los estudios secundarios se separaron de los superiores hasta 1847, reservándose la Universidad la facultad de conferir el grado de bachiller, indispensable para seguir estudios superiores. No es sino hasta 1879 que la Universidad reasume la docencia científico-práctica, de las profesiones, al quedar sin efecto la ley de 1842, elaborada por don Andrés Bello, aunque no la estructura académica ideada por él. El éxito que el esquema propuesto por Bello tuvo en Chile se debió, según Steger, a que la «Universidad de abogados» de don Andrés era una Universidad «urbana y adecuada» al “siglo”, en su condicionalidad social. El mismo esquema fracasó en Bolivia, ante otras circunstancias sociales.
El nuevo esquema desplazó al clérigo como figura central de la Universidad latinoamericana, sustituyéndolo por el abogado, formado principalmente a través del Derecho Romano y del Código Civil, que el propio don Andrés redactó para Chile, inspirándose en el código francés, conocido también como Código Napoleónico. El abogado, que asumió las más importantes funciones sociales y a quien correspondió estructurar las nacientes repúblicas, fue el producto típico de la universidad latinoamericana del siglo XIX. La universidad colonial preparaba a los servidores de la Iglesia; la republicana debía dar «idoneidad» a los funcionarios del Estado la Universidad creada por Bello transforma, con ayuda del Código, al jurista eclesiástico ciegamente imitador de las relaciones europeas, en «abogado latinoamericano». Ella configuró, según Steger, el modelo de Universidad latinoamericana “clásica”.
También en México, a raíz de la Independencia, la universidad pasó por una etapa de sucesivas clausuras y reaperturas, según los vaivenes de la política y el triunfo momentáneo de las facciones conservadora o liberal. Después de la clausura definitiva decretada por el emperador Maximiliano en 1865, la educación superior quedó a cargo de varias escuelas profesionales dispersas, dependientes del Gobierno. La universidad, como institución, desapareció del ámbito de la vida nacional, hasta el año de 1910 en que, con motivo del primer centenario de la Independencia, don Justo Sierra logra su refundación con el nombre de «Universidad Nacional de México». Significativo es el hecho de que su restablecimiento ocurre precisamente en vísperas de la Revolución. La universidad, según sus propugnadores, tratará de ser la expresión de lo «mexicano», en su dimensión universal, tal como lo sugiere el lema vasconceliano: «Por mi raza hablará el espíritu». En un principio, la nueva casa de estudios no fue más que la agrupación de las escuelas nacionales preparatorias y las escuelas profesionales de Medicina, Jurisprudencia, Ingeniería y Bellas Artes, supeditada a la Secretaría de Instrucción Pública. Será hasta 1929, con motivo de una huelga estudiantil, que el presidente Emilio Portes Gil decretará la autonomía de la, transformada en «Universidad Nacional Autónoma de México», con su Ciudad Universitaria monumental, donde la escuela muralista mexicana estampa su mensaje de fusión revolucionaria del pasado con el presente, en función del futuro, y se convierte, al decir de H Steger en «el gran símbolo de la educación latinoamericana en la época de la civilización científica» .
Juicio sobre la universidad de este período
La República comprendió que la institución universitaria colonial era obsoleta y que, por consiguiente, muy poco podía esperar de ella. Pero no acertó cuando quiso resolver el problema mediante la adopción de un modelo producto de otras circunstancias socioeconómicas y concebido para otro contexto. De ahí que la universidad latinoamericana del siglo XIX y principios del XX encuentre más críticos que admiradores. Por el momento, podemos decir que contra ella, y los remanentes coloniales enquistados en la misma, levantó sus banderas el llamado Movimiento de Córdoba, sin haber logrado, más que parcialmente, modificar el esquema. En gran medida, las inquietudes renovadoras o transformadoras de nuestra época tratan, precisamente, de superar los problemas derivados del «trasplante» que auspició la república y que aún subsisten en las estructuras universitarias latinoamericanas, representando uno de los obstáculos principales para el positivo progreso de la educación superior en este continente.
El cargo más severo que puede hacerse a lar, desde el punto de vista académico, es que destruyó el concepto mismo de universidad, sustituyéndolo por el de una simple suma o yuxtaposición de escuelas profesionales, sin correlación entre sí. El énfasis profesionalista que se desprende de semejante esquema, sigue dando el tono a las actuales universidades latinoamericanas, con grave perjuicio para la cultura general y la investigación científica. Estas características conforman el perfil muy particular de nuestra manera de ejercer el oficio universitario, que desafortunadamente no es la que mejor puede contribuir al auténtico progreso de nuestras sociedades. Esta excesiva preocupación profesionalizante ha sido perjudicial para la formación de los universitarios latinoamericanos y la aparición de la conciencia crítica. Las universidades, como era de esperarse, derivaron en simples fábricas deprofesionales servidores del sistema, por lo demás incultos y carentes de las bases científicas que les permitan seguir de cerca el adelanto de su propio campo profesional.
En realidad, la universidad republicana tuvo como misión principal ilustrar la clase directora que, desde el poder, guiara los primeros pasos de las recién constituidas sociedades nacionales. Pero, por lo mismo que fue el reflejo de estructuras económicas que siguieron siendo dependientes, a pesar de la ilusión de la Independencia política, su cometido fue «asegurar las bases jurídicas y administrativas para hacer posible la integración de la economía de hacienda a la estructura social concebida por la sociedad urbana, integrándola en la política económica orientada hacia afuera». Tal es, en palabras de Steger, la tarea confiada a la «Universidad de licenciados» de don Andrés Bello. «Nace una sociedad urbana dirigida por abogados, quienes tratan de atraer el monopolio de acción socio-política para formar un contrapeso contra los poderes económicos basados en la hacienda».
Dentro de estas limitaciones, cabe sin embargo señalar que la universidad republicana, y luego la nacional, preparó los profesionales que tuvieron a su cargo la organización jurídica del Estado y que luego han hecho posible el desarrollo que se advierte en nuestros países en distintos campos (ingeniería, salud, educación, etc.). No sería justo negarles esta importante contribución, así como el lugar de vanguardia que algunos de ellos han ocupado en las luchas por las libertades democráticas y una mejor redistribución de los beneficios sociales.
El autor es académico y escritor. Fue rector universitario y ministro de Educación de Nicaragua.
