Se ha cumplido un año desde que fue impuesto en El Salvador el régimen de excepción, el cual sigue en vigencia y significa en la práctica la suspensión de todos los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos salvadoreños. El saldo de esta medida ha sido, hasta ahora, tanto positivo como negativo.
El objetivo del régimen de excepción es combatir a fondo, hasta el exterminio, a las pandillas salvadoreñas llamadas maras salvatruchas, que son las más sanguinarias que se tiene conocimiento.
Sucedió que en un fin de semana, a mediados de marzo del año pasado, las maras rompieron un pacto que tenían con el gobierno y asesinaron a 87 personas en dos días. La reacción del presidente Nayib Bukele fue imponer el régimen de excepción que ha venido renovando hasta ahora, el cual permite reprimir a las pandillas sin límites de ninguna clase.
Por el régimen de excepción en El Salvador no tienen validez las normas del debido proceso, no se respetan los derechos humanos de los delincuentes y sospechosos, pero tampoco los de muchos inocentes.
Casi 65 mil personas han sido encarceladas en el año del régimen de excepción. La cantidad de presos es de casi 100 mil individuos y el gobierno construyó una gigantesca y moderna cárcel para 40 mil reos, la más grande del mundo. De esa cárcel, sentenció el presidente Bukele, nadie saldrá con vida.
El resultado de la estrategia de represión de la delincuencia sin escrúpulos ni respeto a los derechos humanos ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, antes de que se impusiera el régimen de excepción permanente el promedio anual de asesinatos en El Salvador era de unos 4 mil. Ahora, para fines del año pasado el promedio se redujo a 496 y sigue disminuyendo. Las extorsiones, que son la principal actividad de las maras, disminuyeron de 70 a 90 por ciento, dependiendo de la zona.
Ahora la gente sale a la calle con tranquilidad, sin el temor y la inseguridad de antes. Los negocios que fueron arrasados por las extorsiones de los pandilleros han vuelto a funcionar.
La inmensa mayoría de la gente está agradecida con Nayib Bukele, cuyo índice de popularidad está por las nubes y planea reelegirse en febrero de 2024, a pesar de que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución. Lo cual no le importa a Bukele ni a la mayor parte de los ciudadanos. Como tampoco les importa que miles de personas inocentes han sido encarceladas y torturadas por una represión que no tiene límites legales ni morales.
“Son daños colaterales inevitables y necesarios”, dicen los bukelistas. Lo importante y bueno, aseguran, es que el “método Bukele” de limpieza social está poniendo fin a las pandillas y a la criminalidad, trayendo paz y seguridad a todos los salvadoreños.
Por supuesto que los organismos defensores de los derechos humanos, salvadoreños e internacionales, claman contra los abusos del régimen de Bukele, pero este riposta acusando a los denunciantes de que “son defensores de los pandilleros”.
Al comentar editorialmente el año cumplido del régimen de excepción, sus resultados y daños, el periódico La Prensa Gráfica concluye preguntándose amargamente: “¿La legítima aspiración de El Salvador de vivir en paz no es posible sin sacrificar los derechos y libertades de sus ciudadanos?”
No hay respuesta, pero la realidad indica que al menos por ahora eso no es posible.
