El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) dice por medio de su Departamento de Estado (el organismo que maneja sus relaciones internacionales) que en Nicaragua hay “incapacidad de los ciudadanos para cambiar pacíficamente de gobierno mediante elecciones libres y justas”.
Lo ha dicho en un informe hecho público el lunes 20 de marzo, sobre “Prácticas de Derechos Humanos 2022 en Nicaragua”. Incapacidad significa en buen español “falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo; falta de entendimiento o inteligencia; falta de preparación o de medios para realizar un acto”. Así lo precisa el diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se publica en línea y está disponible para todas las personas interesadas.
En realidad, no es por incapacidad sino por falta de condiciones adecuadas que en Nicaragua no se puede cambiar de gobierno por medio de elecciones libres, o sea con garantías.
El mismo informe estadounidense que hemos citado, a pesar de que habla de incapacidad, señala que el problema radica en que “Nicaragua tiene un sistema político muy centralizado y autoritario…” Y que “el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electoralesdel país”.
Recuerda también el informe mencionado que antes de las elecciones de 2021 fueron encarceladas casi 40 figuras de la oposición, se impidió la participación de una observación electoral internacional confiable, fueron cancelados los partidos opositores creíbles y se bloquearon los esfuerzos legítimos de observación internacional.
Algunos medios de comunicación independientes que informaron sobre el informe estadounidense acerca de la situación de los derechos humanos en Nicaragua concluyen que EE.UU. “no avizora” la salida del régimen de Daniel Ortega por la falta de posibilidades electorales. Pero esta situación debería preocupar más a los mismos nicaragüenses, al menos a los que quieren una solución de los problemas políticos nacionales de manera pacífica, y por lo tanto electoral, como se hace en todos los países civilizados y hasta en algunos que no lo son tanto.
Precisamente en el editorial del lunes 20 de marzo nos referimos al hecho de que en Venezuela, un país cuyo régimen es echado en el mismo saco que junto con los de Cuba y Nicaragua, sin embargo allí se permite la participación electoral de los partidos opositores. Inclusive se están haciendo esfuerzos para que en las elecciones del próximo año haya las garantías que necesita la gente para votar y el mismo régimen para poder legitimarse.
Pero algún día será de día, como dice la expresión popular que de alguna manera es una manifestación de esperanza. O sea que ya vendrá la oportunidad de que en Nicaragua vuelva a haber elecciones libres, con garantías, como las hay en todos los países que son respetados por eso.