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Histórica decisión de la justicia internacional contra Putin

La Corte Penal Internacional (CPI)  dictó este viernes 17 de marzo orden de captura contra el presidente autocrático de Rusia, Vladímir Putin, una decisión de trascendental significación histórica.

Es la primera vez que el alto tribunal penal internacional pide la captura —para juzgarlo— de un jefe de Estado en ejercicio. Pero además, Putin es el  presidente de una de las cinco grandes potencias del mundo que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La orden de captura contra Putin es por cometer el crimen de guerra de  deportar a Rusia a niños ucranianos de los territorios ocupados durante la guerra de agresión contra Ucrania. En este caso Putin es delincuente confeso, pues junto con Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia contra quien también el tribunal internacional dictó orden de captura, se han ufanado en la televisión rusa por el “traslado” de niños ucranianos al territorio ruso.

La CPI dice en el razonamiento de la orden de detención dictada contra Putin, que ha encontrado “motivos razonables” para considerar que el presidente de Rusia “tiene responsabilidad penal individual” por estos graves delitos; ya sea porque ordenó directamente que se ejecutaran, o porque no ha querido “ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”.

Cabe señalar que a pesar de su alta investidura oficial, Putin no es inmune ante la Corte Penal Internacional, porque esta no reconoce inmunidad a los jefes de Estado. De hecho es la única corte de justicia en el mundo que no la reconoce.

Por supuesto que es prácticamente imposible que Putin sea capturado y juzgado como es debido. En primer lugar porque Rusia no acepta la competencia de la CPI, de la cual se retiró en 2016 después de que fue señalada de cometer crímenes de guerra en Ucrania durante la invasión y anexión de Crimea en 2014. Además, la CPI tampoco puede juzgar en ausencia a ningún acusado.

 Sin embargo, al menos Putin no podrá viajar a ninguno de los 123 países cuyos Estados son parte de la CPI, pues podría ser capturado para su juzgamiento. Inclusive gobiernos de países que no son parte del Estatuto de Roma, que es la fuente de derecho de la CPI, podrían capturar y entregar a Putin si así lo quisieran.

La trascendental decisión de la Corte  Penal Internacional es consecuencia de la demanda de 39 Estados de Europa y África, de que Rusia sea juzgada por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población ucraniana. Que no son solo las deportaciones de niños de Ucrania a Rusia, sino muchas atrocidades que organismos internacionales y la misma CPI han comprobado en el terreno de los hechos.

Hasta ahora han sido muy pocos los exgobernantes —y de estos la mayoría en África—, que la CPI ha podido juzgar y condenar. Sin embargo, la orden de captura dictada contra Vladímir Putin tiene una poderosa significación internacional, política y moral.

El autócrata ruso del siglo XXI ya puede sentirse avergonzado (o quizás orgulloso, solo él lo sabe), de figurar en la lista de los gobernantes y exgobernantes acusados con pruebas suficientes e irrefutables, acusados por cometer delitos contra la humanidad. Y de ocupar desde ya un lugar muy visible en la sección de la ignominia, de la historia universal.

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