Los excarcelados políticos Hader González Zeledón y Cristian Meneses Machado, quienes fueron detenidos por el Ejército de Nicaragua en 2020, cuentan que la institución castrense trabaja “coordinadamente” con la Policía para capturar a los opositores del régimen. Los jóvenes forman parte del grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados del país hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.
Ambos desde Estados Unidos relataron a LA PRENSA los peores momentos que vivieron durante su aprehensión y las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos durante los dos años que permanecieron privados de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ubicado en el sector del auto hotel “Rinconcito del Amor”, en el departamento de Masaya, de donde son originarios.
El Ejército de Nicaragua los capturó el 15 de agosto de 2020, entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, en la frontera sur. Ambos se habían exiliado en Costa Rica en julio de 2018, tras la “Operación Limpieza” ejecutada por la Policía y fuerzas paramilitares para desmontar los tranques que la población levantó como forma de protesta.
Sin embargo, al momento de la captura estaban en suelo nica, habían cruzado en busca en alimentos a una finca. “Con la pandemia nos quedamos sin trabajo y cruzamos al otro lado a traer plátano, yuca, y en lo que estábamos ahí efectivos del Ejército empezaron a disparar y lo que hicimos fue tirarnos al suelo”, relató Hader González.
Los excarcelados estaban acompañados por otras dos personas, quienes huyeron al escuchar los disparos, pero estos no corrieron con la misma suerte.
Les fracturaron las costillas
Meneses recuerda que los soldados del Ejército que los detuvieron “estaban recibiendo comunicación por teléfono (celular)” y tras verificar sus identidades “comenzaron las agresiones”.
“Nos comienzan a dar con las cachas de las AK que andaban en el pecho, nos tiraron al suelo, nos dieron puntapiés y sentí que me fracturaron una costilla”, dijo Meneses.
González precisó que fueron capturados a seis kilómetros de la base (militar) de Sarapiquí e inmediatamente “comenzaron a flagelarnos, incluso ahí fue que me fracturaron una de mis costillas, en el costado derecho, de un puntapiés, y me dieron con la culata del fusil en la rodilla derecha”, coincidió González, quien quedó con secuelas debido a esa golpiza. “No puedo correr y falseo del pie”, indicó.
Los jóvenes cuentan que luego los trasladaron en botes a la base militar de Sarapiquí, donde llegaron más efectivos del Ejército “con armamento pesado” y las torturas subieron de nivel.
“Nos apretaron las orejas con unas navajas”, dijo González, mientras les preguntaban por las otras dos personas que lograron huir al escuchar los disparos.
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También les obligaron a quitarse la ropa, “quedamos totalmente desnudos” y los amarraron de pies y manos “como a los garrobos”, concuerdan ambos exreos y agregan que los llevaron a la orilla del río. “Nos amarraron los ojos y nos estuvieron golpeando y dando puntapiés y nos dijeron que nos iban a tirar al río”, relató Meneses.
Al caer la tarde, mencionan que fueron trasladados a una estación policial ubicada en Boca de Sábalos, en el departamento de Río San Juan, donde les tomaron fotografías y pasaron la noche.
Dirección de Información para la Defensa los interrogó
Al día siguiente (16 de agosto de 2020) a eso de las 5:00 de la mañana comentan que los sacaron de la celda y los llevaron a una estación policial en San Carlos, entre las 10:00 y 10:30 de la mañana. Hasta ese momento seguían en poder del Ejército, precisan.
“Para trasladarnos nos subieron de vuelta al bote y no nos soltaron, seguíamos amarrados como garrobos y con una venda en los ojos y una capucha en la cabeza”, relata González.
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En San Carlos les esperaban miembros de la Dirección de Información para la Defensa, órgano del Ejército, quienes fueron los encargados de interrogarlos.
González recuerda que los efectivos de la Información para la Defensa estaban vestidos de civil, “nos soltaron y nos indicaron que si intentábamos huir, ellos (soldados) tenían orden de disparar, que nos iban a hacer unas preguntas y que el interrogatorio se iba a grabar”.
De acuerdo con ambos excarcelados, las preguntas giraban en torno a quién financiaba las protestas en Masaya, quién organizaba las reuniones, qué se decía en esas reuniones, quiénes eran los dirigentes de las protestas, y les exigían que les dieran los nombres. Por no contestar “nos volvieron a golpear”, agregan.
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Ese mismo día por la tarde fueron entregados a las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote, en Managua, donde fueron sometidos por un mes a constantes interrogatorios y torturas.
Meneses recuerda que en el trayecto hacia la DAJ los oficiales de la Policía los iban golpeando, incluso los orinaron y en particular lo amenazaban con que en Managua los estaba esperando el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, verdugo de opositores en Masaya durante las protestas cívicas de 2018.
A Meneses en el Chipote le arrancaron las uñas de los dedos pulgares de sus pies y en la cárcel La Modelo perdió un diente debido a una golpiza propinada por custodios del penal, el 20 de diciembre de 2022.
Opositora denuncia agresión sexual
Mientras tanto, la excarcelada política, Mildred Rayo, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), también denunció la participación del Ejército en la cacería de opositores. En su relato a LA PRENSA denunció que fue agredida sexualmente por una soldado al momento de la revisión.
Rayo fue detenida el 1 de noviembre de 2022 al sur del país, por miembros del Ejército de Nicaragua, cuando circulaban cerca del río Sapoá, en Cárdenas, Rivas, junto a su novio y al también líder estudiantil Miguel Flores. Se dirigía a Managua, después de estar unos días en Costa Rica, país hacia donde se dirigió por un “punto ciego”, por temor a ser detenida y que Migración le confiscara su pasaporte en la frontera.
El testimonio de Rayo coincide con el relato de González y Meneses, ya que señala que una vez que el Ejército envió sus identificaciones a sus jefes inmediatos, recibieron la orden de detenerlos.
“Me registraron de pies a cabeza, me manosearon todo el cuerpo hasta el pelo, fue una oficial quien lo hizo y en la revisión incluso me metió el dedo en el ano”, relató la joven.
La joven activista manifestó que durante su detención el Ejército solo la interrogó a ella y las preguntas estaban relacionadas a su viaje a Estados Unidos, y que si la enviaron de regreso con la misión de “menoscabar la integridad del país”.
Días después de su detención, se conoció que Rayo, su novio y su amigo Miguel Flores fueron trasladados al Distrito Tres de Managua. Ellos tres también son parte de los 222 presos políticos desterrados del país.
LA PRENSA intentó comunicarse en dos días consecutivos a través de llamadas y mensajes de texto con el coronel Marvin Paniagua, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores (DRPE) del Ejército de Nicaragua, para conocer su versión sobre los señalamientos de los exreos políticos, pero no contestó a las consultas hechas por este Diario.
Ghren pide investigar al Ejército por crímenes
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), designado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó el pasado 2 de marzo que se requiere de una investigación adicional para determinar la responsabilidad del Ejército de Nicaragua, que dirige el general del Ejército Julio César Avilés, en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses en el contexto de las protestas cívicas de 2018.
“El nivel de participación del Ejército de Nicaragua en los actos de represión de la protesta social merece una investigación adicional”, sugirió el Ghren, en Ginebra, Suiza, al presentar un informe tras un año de investigar las violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados por el régimen de Ortega-Murillo que implica además a al menos seis instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, que dirige el comisionado general Francisco Díaz, consuegro de Ortega.
En mayo de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, “por apoyar al corrupto régimen de Ortega”.
Iniciar acciones legales
El Grupo de Expertos recomendó a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
“El Ghren tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, indicó el Grupo de Expertos.
El Grupo de Expertos también determinó que funcionarios de las diversas estructuras del Estado han cometido “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”.
A su vez llamaron a la comunidad internacional a ampliar las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional, y sugirieron a los Gobiernos y organismos multilaterales que, en las negociaciones de proyectos de cooperación, prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de derechos humanos en el país.