El Consejo Nacional de Universidades (UCN) prohibió a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) entregar a los estudiantes su información académica, debido a que según ellos, tras la cancelación de la personería jurídica los funcionarios del alma mater «ya no tenían autoridad en la misma».
«Como resultado de la cancelación de la respectiva personería jurídica, ninguna de las personas que fungían como autoridad o funcionario de la extinta universidad, pueden solicitar cobros ni autorizar documentación académica alguna, sino bajo apercibimiento de acto ilegal», indicó el ente rector en un comunicado.
Por lo anterior, el CNU llamó a la comunidad universitaria a «no realizar ningún tipo de gestiones ante tales personas».
Estudiantes en el «limbo»
LA PRENSA conoció que muchos estudiantes de la UCAN se encuentran sumamente preocupados tras la cancelación y cierre del alma mater que los deja en el «limbo».
Por ejemplo, en la sede de Matagalpa, un universitario denunció que «no dan respuestas sobre el pago de C$780 que realizamos alrededor de 90 estudiantes de Ciencias Médicas en concepto de pago de módulos (…) ninguna de las autoridades responden las llamadas y mensajes».
El estudiante dijo que «no nos quieren entregar certificados de notas para tener un respaldo». A su vez, aseveró que se han presentado en la sede para obtener alguna respuesta, sin embargo, «nos dicen que todo sigue normal, pero que ellos notas no pueden entregar si no mandan la orden de León».
Compartió además que al parecer la universidad «ya sabía que iban a cancelarla» debido a que «nos exigieron pagar los módulos como fecha tope el pasado 4 de marzo».
CNU amenazó con denunciar a la UCAN
Asimismo, el CNU a través de un acta que publicó en su sitio web y después borró, amenazó de interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de la UCAN.
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La medida del CNU argumenta que se debe a que la rectora Jeannette Bonilla se negó a entregar el registro académico de los estudiantes y solicitó más tiempo para impugnar una resolución del Ministerio de Gobernación (Migob), a través de la cual cancelaron la personería jurídica de la universidad.
«Ante la oposición de entrega de la información académica de la extinta UCAN, cerramos acta y nos retiramos del recinto, a fin de interponer denuncia ante las autoridades nacionales correspondientes por el incumplimiento de lo ordenado en el acuerdo ministerial», dicta el comunicado.
La personería jurídica de la UCAN fue cancelada el martes 7 de marzo junto a la Universidad Juan Pablo II. Ambas universidades —argumentó el Migob—, no estaban acreditadas en los indicadores de calidad y no reportaban “sus estados financieros, aclaraciones sobre su patrimonio, ejecución de fondos, aumentos y disminución de cuentas sin avisar”.
La UCAN tenía su sede principal en León y otras en Chinandega, Estelí, Chontales, Masaya y Matagalpa.
