La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) realizó una actualización oral de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en la cual hizo un llamado a las autoridades para que liberen a las 37 personas que aún están privadas de libertad arbitrariamente, entre ellas monseñor Rolando Álvarez, «cuyo estado de salud se desconoce» y a restituir la nacionalidad y derechos de las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones.
«Hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones. Asimismo, instamos a Nicaragua a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica», indicó Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (@OACNUDH) llama al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad.#HRC52 pic.twitter.com/smngb4eZ1X
— UN Human Rights Council 📍#HRC52 (@UN_HRC) March 3, 2023
La actualización, realizada de conformidad con la resolución 49/3 del Consejo de Derechos Humanos, abarca el período transcurrido desde la actualización oral del alto comisionado del 15 de diciembre de 2022 y se basa en la labor de monitoreo realizada por el equipo dedicado a Nicaragua en la Oficina Regional para América Central en Panamá.
La actualización inicia describiendo la liberación y traslado de los 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos. Haciendo énfasis en el anuncio del poder judicial de Nicaragua de que las personas «deportadas» se consideraban «traidoras a la patria» y luego la Asamblea Nacional de manera rápida aprobó una reforma constitucional y una ley que establece la condena para los «traidores a la patria» de perder su nacionalidad nicaragüense y la eliminación de sus partidas de nacimiento del Registro Civil.
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«El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado del país, fue enviado a prisión junto con las otras 36 personas que continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica. El 10 de febrero, Mons. Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos. Su abogada no había sido informada con antelación y, aparentemente, la sentencia fue dictada sin juicio previo», remarcó la subsecretaria.
De acuerdo con la actualización, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose. Esto también se evidencia en el aumento del número de personas que abandonan el país: según Acnur, más de 260 mil nicaragüenses se han visto obligados a huir de su país hasta la mitad de 2022, especialmente hacia Costa Rica y los Estados Unidos de América.
En este sentido saludaron el «generoso gesto humanitario» de los Estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya.
«A la luz de la persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, que entra ya en su sexto año, exhortamos a este Consejo a que siga de cerca la situación en el país y, especialmente, que promueva todas las medidas conducentes para revertir la crisis actual. Asimismo, exhorto al Consejo a continuar apoyando la labor de la Oficina y de los mandatos que emanan de él, para avanzar en la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua», se lee en la actualización.
El llamado incluye que en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las autoridades de Nicaragua a restablecer la cooperación con la Oficina, los Órganos de Tratados, los Procedimientos Especiales del Consejo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Documentan violaciones recientes al debido proceso
La Oficina al presentar la actualización oral indica que han documentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios de enero y febrero a personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022.
Mencionan por ejemplo: audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado de su elección y a reunirse con él en privado, así como el acceso a expedientes. completos de los casos.
«Desde la actualización del alto comisionado en diciembre, al menos 10 personas han sido detenidas arbitrariamente, y a otro sacerdote nicaragüense se le impidió regresar a su país. A la fecha, se habría cancelado la personalidad jurídica de 40 organizaciones de la sociedad civil —un total de más de 3,200 desde 2018— y confiscado las instalaciones de otras dos organizaciones, ahora utilizadas por el
Estado», se lee en la actualización.
Violaciones a los derechos de pueblos indígenas
Indicaron que siguen recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y citan tres momentos claves:
—El 5 de enero, 14 líderes mayangnas y miskitos de la Costa Caribe emitieron una proclama dirigida al Gobierno sobre el abandono en el que se encuentran, la continua impunidad por 64 presuntos asesinatos de indígenas a manos de colonos, la persistente ocupación ilegal de sus territorios y la explotación de recursos naturales sin su consentimiento libre, previo e informado.
—Entre el 19 y el 26 de enero, un grupo de colonos ocupó violentamente zonas forestales y agrícolas tradicionales de la comunidad indígena de Musawás, en la Costa Caribe Norte. Según las autoridades, 24 colonos fueron detenidos y el Ministerio Público inició una investigación penal por usurpación de dominio público o comunal, una práctica que las comunidades indígenas llevan años denunciando.
—El 30 de enero, se denunciaron acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam, lo que provocó el desplazamiento de sus territorios ancestrales. Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas.
Nicaragua rechaza actualización
Wendy Morales, procuradora de Nicaragua, fue nuevamente la encargada de transmitir «el rechazo» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en esta ocasión a la actualización oral.
«No aceptamos que este mecanismo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe actuando con un claro sesgo político y falta de objetividad, violentando de esa manera los principios de igualdad entre los países, de democracia y transparencia, que están plasmados en la Carta de Naciones Unidas», remarcó Morales.
Morales nuevamente realizó la transmisión desviando la mirada como leyendo algún documento preparado y con un cuadro que representa el lanzamiento de la piedra de Andrés.
