Una avalancha de representantes legales de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua mantiene las oficinas del Ministerio de Gobernación atestadas a diario, ante el férreo control que el régimen de Daniel Ortega mantiene contra estas organizaciones, muchas de las cuales están en proceso de convalidación de sus permisos de funcionamiento.
Las personas pasan horas esperando ser atendidas por agentes de Gobernación, que al revisar los documentos ordenan ajustes constantemente, lo que ha ocasionado que el tiempo por ley de muchas de estas se agotara, por lo que el Ministerio de Gobernación se vio forzado a ampliar el plazo.
A través de un comunicado, Gobernación notificó que ahora estas organizaciones tienen hasta el 7 de marzo para entregar la documentación correspondiente, especialmente los estados financieros. No obstante, hay otras organizaciones, especialmente las cámaras empresariales, que están en proceso de obtener la validación de personerías jurídicas y se han topado con un sinnúmero de obstáculos.
El pasado 10 de agosto del 2022, el régimen de Ortega a través de la Asamblea Nacional aprobó una reforma de ley mediante la cual dio poder al Ministerio de Gobernación para despojar de su personería jurídica a las cámaras empresariales, y ordenó que estas retornaran al control de esta cartera gubernamental desde el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
La propuesta de reforma fue presentada por Gustavo Porras, presidente el poder legislativo, mediante la cual se deroga la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua (Ley 849), cuyas organizaciones ahora serán reguladas por Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, un instrumento jurídico que el régimen de Ortega ha usado para cerrar a más de 3,000 organizaciones de este tipo.
El régimen estableció un plazo de 90 días fatales para que todas las organizaciones empresariales que actualmente estaban reguladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) comiencen un proceso de convalidación de su personalidad jurídica ante el Ministerio de Gobernación para continuar operando.
Y han pasado esos 90 días, muchas de estas cámaras siguen esperando que Gobernación les dé la personería jurídica y se han sometido al proceso de entrega de sus estados financieros anuales, tal como lo establece la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
En todo este proceso, el régimen de Ortega ha aprovechado para liquidar a organizaciones empresariales, entre ellas la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) el pasado 3 de febrero.
