Un apátrida es aquella personas que por cualquier razón carece de nacionalidad. Según el Tratado Internacional sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobado por la ONU en 1954, es “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.
En esa situación, de apatridia, hubieran quedado las 222 personas nicaragüenses ex presas políticas que fueron excarceladas y desterradas a Estados Unidos el 9 de febrero. Más los otros 94 nicaragüenses que una semana después, el 15 de febrero, también fueron despojados de su nacionalidad y derechos de ciudadanos.
Los juristas independientes y defensores de derechos humanos sostienen que, de acuerdo con la Constitución de Nicaragua y el derecho internacional humanitario, a ningún nicaragüense se le puede quitar la nacionalidad. Es que a pesar de las —por lo menos— dudosas reformas legales que ha hecho el régimen con ese propósito, se mantiene vigente el artículo 20 de la Constitución en el cual se dispone con fuerza de ley suprema, que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.
Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su Artículo 15 que: 1. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Y la Convención Americana de Derechos Humanos consigna en su Artículo 20 que “1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
Ambos documentos jurídicos son tratados internacionales de obligatorio cumplimiento para el Estado y el Gobierno de Nicaragua. Inclusive son leyes nacionales, pues están integrados como tales en la Constitución Política nicaragüense.
Por supuesto que eso es en la teoría. En la práctica, por disposición del régimen los 316 nicaragüense han sido privados de su nacionalidad y condenados a la apatridia. Y eso es lo que vale en la realidad.
Sin embargo, ninguno de esos nicaragüenses quedará en la penosa e incierta condición de apatridia, porque el Gobierno de España y después otros países latinoamericanos les ofrecieron acogerlos y ampararlos con sus propias nacionalidades.
Son hermosos y alentadores esos gestos de solidaridad, la cual como explica Rodrigo Borja consiste en “la capacidad de hacer propia la causa ajena, conmoverse con el dolor del prójimo, aunar esfuerzos para superar las dificultades de los demás, extender la mano al que sufre el peso de injusticias, agresión económica u opresión política”. Y aclara el enciclopedista político que “en todos los casos la solidaridad se inscribe bajo el signo del derecho y no de la caridad”. La que a su vez consiste en el sentimiento religioso de amor al prójimo, compasión ante el sufrimiento ajeno y ayuda a quienes más la necesitan.
Pero la actitud y declaraciones de los gobiernos hispanoamericanos que han ofrecido la nacionalidad de sus países a los expatriados nicaragüenses no representan solo solidaridad y fraternidad, que ya es bastante. También significan una presión al Gobierno de Nicaragua para que se abra a la búsqueda de una solución democrática de la crisis política nacional que comenzó en abril de 2018 y no se resuelve hasta ahora.
Ojalá que tenga efecto.
