El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que el despojo de la nacionalidad y los derechos ciudadanos «de forma perpetua» a 317 ciudadanos nicaragüenses, por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, «vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte».
Lea además: “Con Ortega tenemos un pleito”, dice presidente colombiano Gustavo Petro
El pasado miércoles, la dictadura despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses a quienes señaló de «traidores a la patria», entre estos se encuentran escritores internacionalmente reconocidos, periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, exfuncionarios públicos y excompañeros de lucha de Ortega. En su mayoría en el exilio.
Con este nuevo grupo, ya suman 317 las personas declaradas «apátridas», incluido monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en La Modelo condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, después de haberse negado a ser desterrado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero.
Excarcelación, un paso para el «diálogo nacional»
Sin embargo, Colombia considera un paso importante para el «diálogo nacional» la decisión de excarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense; pero lamenta «la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, como resultado de la cual se retiró la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos excarcelados».
La cancillería colombiana expresó su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua.
El Gobierno colombiano dijo que sigue con atención las decisiones del Gobierno de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en ese país, e hizo un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense.
El fracaso de Petro en sus gestiones con Ortega
A finales de diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro admitió su conflictiva relación con Ortega. “Con Ortega tenemos un pleito”, afirmó Petro en una entrevista brindada a la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, porque este no atendió su petición de liberar a los presos políticos, sostuvo.
El pasado 9 de septiembre, el canciller de Petro, Álvaro Leyva Durán, condenó los hechos que ocurren en Nicaragua de la mano del régimen y explicó que las razones por las que su país se ausentó de la sesión del 13 de agosto de 2022 en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que condenó los atropellos a los derechos humanos por parte del régimen orteguista, fueron “absolutamente humanitarias”.
Además, en ese entonces Leyva aclaró que las peticiones no tenían que ver con alguna negociación sobre el derecho a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya declaró como territorio de Nicaragua.
Leyva reveló en esa ocasión que una gestión del gobernante colombiano para lograr la liberación de 21 presos políticos, entre estos monseñor Rolando Álvarez, no fue atendida.
