La lucha contra la corrupción sigue siendo un problema predominante en las Américas, especialmente en países con regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, ambos ubicados —junto a Haití— en el listado de la organización Transparencia Internacional (TI) como los más corruptos del continente.
En un informe divulgado este 31 de enero, la ONG indicó que ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en 180 países, en una escala de 0 a 100 (en la cual 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy baja corrupción). El promedio de la región es de 43 puntos y casi dos tercios de los países tienen menos de 50 puntos.
Según el estudio, los países de la región percibidos como menos corruptos en 2022 fueron: Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69). Mientras que los percibidos como más corruptos son: Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19).
“Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban la amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”, señaló la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, en relación con las Américas, indica el informe.
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Desde 2017, Honduras, Nicaragua y Haití han descendido de manera significativa en las puntuaciones que obtienen en el IPC.
En cuanto a Chile y Costa Rica, que en años anteriores obtenían los mejores desempeños en el índice de los países latinoamericanos, se mantienen en la misma posición, con 67 y 54 puntos respectivamente, de acuerdo con el informe.
Colombia se mantiene con 39 puntos, Brasil y Argentina 38; Perú, Ecuador y Panamá 36; El Salvador 33, República Dominicana 32, México 31, Guatemala 24 y Honduras 23.
En su informe, TI hizo referencia a la situación en Perú debido a los disturbios que se viven tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, después de que intentó disolver el Parlamento, y advirtió que vienen a sumarse a años de inestabilidad política en el país.
“En las Américas, la corrupción ha debilitado a las instituciones públicas y ha facilitado que prosperen las redes criminales, desestabilizando gobiernos y exacerbando la violencia en la región. Este círculo vicioso afecta en particular a las poblaciones más marginadas, como las personas indígenas y afrodescendientes, las comunidades LGBTQ, las mujeres y las niñas, perjudica el medioambiente e impide el buen uso de los recursos naturales”, agrega el informe.
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Transparencia Internacional hizo un llamado a los gobiernos de la región “para priorizar la lucha contra la corrupción y promover la paz al mismo tiempo”, e instó a “abrir espacios para hacer partícipe a las personas en la toma de decisiones desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes”.
Asimismo recordó que en “las sociedades democráticas, las personas pueden alzar su voz para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro”.
Nicaragua vive una crisis social y política desde abril del 2018 que dejó más de 350 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Actualmente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 200 personas privadas de libertad por razones políticas, entre estas, exaspirantes presidenciales, dirigentes opositores, empresarios, abogados, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, periodistas, universitarios y sacerdotes.