Este lunes 23 de enero fue inaugurado el ciclo escolar 2023 del sistema nacional de educación pública, primaria y secundaria.
La inauguración se hizo de manera virtual, conectados supuestamente los más de 10,000 centros escolares existentes, según los registros del Ministerio de Educación (Mined). No hubo participación de las autoridades superiores del régimen (presidente y vicepresidenta de la República). Ni siquiera de la ministra del Mined, el evento fue presidido por el asesor presidencial para temas de educación.
El acto fue aprovechado para rendirle culto a las personalidades de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes el asesor presidencial y la demás personas que hablaron cubrieron de ditirámbicos elogios políticos y personales.
Algunos medios de comunicación independientes que dieron cobertura al evento centraron su atención en el problema del alto costo de los uniformes y útiles escolares, aumentado por la creciente inflación. La gran mayoría de padres y madres de familia, que son gente pobre y de escasos recursos, seguramente que están pasando muchas dificultades para cubrir esos gastos que son indispensables.
Sin embargo, el asesor presidencial para educación insistió en su discurso en decir que el Gobierno ha trabajado “todos estos años para acabar con la pobreza que nos han impuesto y nos han heredado diferentes modelos de concentración de riqueza inhumanos que negaban el derecho a la educación”. El funcionario omitió que el primer régimen sandinista, en los años ochenta, arruinó la economía nacional y hundió a la población en una espantosa pobreza. Y que la concentración de riqueza en el actual segundo régimen sandinista es a todas luces escandalosa.
Ojalá que fuese cierto que el actual régimen concibe y maneja la educación como instrumento para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo nacional. No hace falta ser un especialista para saber que el progreso de un país se mide principalmente por su sistema educativo, por la inversión pública en la educación. Pero según el Banco Mundial, Nicaragua invierte solo el 4.5 por ciento del PIB en educación pública, mientras que en Costa Rica se invierte el 6.7 por ciento y en Belice el 7.5 por ciento.
Además, para ser efectiva la inversión debe dirigirse sobre todo a la educación propiamente dicha, incluyendo buenos sueldos al magisterio, no al sostenimiento de una enorme burocracia parasitaria que llena las planillas, no porque desempeñe una función provechosa sino por su servicio político y lealtad al régimen establecido.
También hay que decir que la educación debe promover el libre pensamiento crítico en todos los estudiantes, no hacer de ellos seres serviles del poder político. Que sean buenos ciudadanos y no borregos de desfile, como clamó el gran poeta nicaragüense Salomón de la Selva.
La clave para que un país pueda salir del atraso y la pobreza es la educación. Pero no cualquier educación, sino una de calidad, que además de enseñar los conocimientos formales promueva también la formación moral y cívica, y haga de los estudiantes ciudadanos conscientes, libres y críticos, respetuosos de los demás, inclusivos y con sólidas ideas democráticas y solidarias.
Eso fue lo que se comenzó a hacer en los años noventa del siglo pasado, durante el breve período de los gobiernos democráticos, pero lamentablemente se frustró en el camino.