La Coalición #NicaraguaLucha exigió a los países de tránsito de migrantes, así como aquellos de destino final, que cumplan con los deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional de las personas migrantes, “cuya vulnerabilidad se ha incrementado y complejizado”, señalan en un comunicado.
“Denunciamos las medidas migratorias restrictivas que algunos Estados han implementado, exponiendo al peligro a miles de personas en desplazamiento forzado”, indica la Coalición.
La Coalición #NicaraguaLucha está compuesta por 17 organizaciones defensoras de derechos humanos, agremiaciones de periodistas independientes, grupos de víctimas y movimientos sociales.
En el comunicado también llaman a la solidaridad internacional para que, “en cada espacio de lucha por la dignidad humana recuerde a miles de nicaragüenses que salieron de su tierra escapando de la violencia y del terrorismo de Estado que se practica con total impunidad en Nicaragua”.
“Recordamos al mundo que el éxodo masivo de nicaragüenses es consecuencia directa de una política de Estado de expulsión, donde el régimen Ortega-Murillo aprovecha para resolver económicamente su sostenibilidad, destruir el tejido de resistencia y profundizar la constante violación de derechos, cuya campaña de terror condenó al exilio, la cárcel o la muerte a quienes definió como enemigos”, se lee en el comunicado.
En el caso de los nicaragüenses que migran hacia Estados Unidos, denunciaron el impacto “desproporcionado” de las nuevas medidas implementadas por la Administración Biden. “Aumentar su seguridad fronteriza a través de la ampliación del Título 42, que permite la expulsión a México de ciudadanas y ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití. Las afectaciones de esta acción han demostrado que ponen en peligro a las personas migrantes, además son contrarias a los estándares universales e interamericanos, impidiendo la entrada al país e implementando la expulsión directa de personas migrantes”.
En el comunicado se calcula que en el 2022 cerca de 210 mil personas se vieron forzadas a huir de Nicaragua, muchas de ellas de forma irregular y enfrentándose a políticas restrictivas de externalización, reforzamiento de control migratorio, medidas de devolución, detención y privación de libertad por temas migratorios, entre otros.
“Pedimos al sistema de Naciones Unidas, Agencia para los Refugiados Acnur, Organización Internacional para los Migrantes OIM, sistema interamericano de CIDH-Corte IDH, y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Celac, actuar presionando a los países conforme a su responsabilidad, recordando que las personas solicitantes de asilo se enfrentan a condiciones de inseguridad y violencia extrema con fronteras agresivas, violentas y con controles migratorios insensibles a los elementos de protección. Solicitamos que el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) refuerce sus componentes de DD. HH. e integre a una mayor participación social”, se lee en la publicación.
En el caso de Costa Rica, alertaron sobre el riesgo “de retroceso” en cuanto a políticas migratorias regionales por la modificación del Reglamento de Refugio que se refiere al otorgamiento de permisos laborales y la categoría especial temporal para personas nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
“Estas medidas provocan incertidumbre en la población solicitante de refugio por la falta de información del nuevo proceso, asimismo precarizan aún más sus condiciones de vida al dificultarles el acceso a un empleo. Llamamos la atención de las autoridades del país vecino sobre sus deberes a la luz de los principios interamericanos”, agregan.
