El 30 de diciembre recién pasado, antes de que terminara el año 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre los presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dando cuenta que en esos tres países de regímenes autoritarios hay 1,467 personas que están en esa condición.
Según el recuento de la CIDH, Cuba tiene la mayor cantidad de presos políticos, con 1,034; le sigue Venezuela, con 247, y en tercer lugar Nicaragua con un total de 195.
Acerca de este último dato de la CIDH, es importante señalar que el organismo humanitario Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, registra hasta ahora un total de 225 reos de conciencia, más otros 10 que están encarcelados desde antes de los sucesos de abril de 2018.
La CIDH llama la atención internacional al hecho de que las personas presas políticas en esos tres países, además de estar privadas de su libertad “son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, lo que ha provocado un grave deterioro de salud en varias de ellas”.
En realidad, la situación de los presos políticos es un drama humanitario que debería motivar más solidaridad con ellos de parte de la comunidad internacional, ya que internamente es muy poco o nada lo que se puede hacer por ellos aparte de pedir o demandar su libertad.
Es ampliamente conocido que existen diversos tratados y acuerdos internacionales, que supuestamente obligan a los Estados —y directamente a sus autoridades—, a respetar la dignidad humana de los privados de libertad y a velar por su vida e integridad personal. Esta obligación es o debería ser mayor con los presos políticos y de conciencia, que no han cometido ningún delito y son prisioneros solo porque sus ideas y opiniones son distintas u opuestas a las de quienes detentan el poder.
Pero ninguna ley nacional ni internacional puede tener valor real si quienes deben acatarlas carecen de compasión. De manera que siendo el problema de los presos políticos un drama humanitario, también lo es de falta de compasión de quienes los tienen encarcelados sin razón, derecho ni justicia. Como dijera el Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano: “El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podemos esperar días más felices”.
La demanda de libertad para los presos políticos se puede ver y plantear como un eje de la lucha por el poder. Pero también como un problema esencialmente humanitario que se puede resolver al margen de la lucha por el poder del Estado.
Ese fue, a nuestro juicio, el sentido de la declaración de los familiares de 47 presos políticos, que el 25 de enero de 2022 hicieron una petición pública de libertad para sus deudos y todos los demás prisioneros de conciencia, “motivados —dijeron— no por ideología política” alguna o por rencor de ningún tipo. Todo lo contrario. Nos hacemos presentes impulsados por las fuerzas del amor y la lealtad, para fomentar un esfuerzo común en aras de la liberación de los 170 (ahora son 225) hermanos y hermanas que hoy se encuentran tras las rejas”.
Aquella demanda no fue escuchada, pero sigue vigente. Los familiares de los presos políticos merecen ser escuchados, ya sea por compasión, humanismo o conveniencia de quienes detentan el poder. 2023 debe ser el año de la libertad de todos los presos políticos, entre más pronto mejor.