La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobará próximamente una Ley que declara el 17 de junio «Día de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia», fecha en que más de 300 vendedores de los semáforos fueron liberados tras ser arrestados por ofrecer sus productos en la vía pública, durante el gobierno de Enrique Bolaños.
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Para los críticos, esta iniciativa es politiquería y demagogia, y valoran que el sector informal lo que refleja es el desempleo y la falta de oportunidades formales que hay en el país.
El opositor en el exilio y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Héctor Mairena, manifestó que «el sector informal es un colchón al desempleo que hay en el país, es decir, alguien que se queda sin trabajo, se va a poner su propio negocio en lo que pueda».
«Los trabajadores por cuenta propia son aquellos que empujados por el desempleo, que no son absorbidos por el mercado laboral, inician distintas actividades, sobre todo de pequeño comercio, gente que no está asegurada, gente que no tiene protección del Estado. Es lo que otros economistas llaman ‘sector informal de la economía’, que significa que están a la buena de Dios, porque no están asegurados, no tienen protección del Estado, en fin están desamparados», expresó Mairena
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El opositor valoró que el sector informal lo que necesita es protección y apoyo del Estado, para desarrollar con formalidad sus iniciativas y obtener beneficios sociales y laborales, lo que considera no se puede lograr bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega.
Iniciativa de ley a consulta
La iniciativa fue introducida por tres diputados de la bancada gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): Milciades Adrián Martínez Rodríguez, Flor de María Avellán Martínez y Rubén de Jesús Gómez Suárez.
La propuesta fue presentada este jueves 24 de noviembre ante el plenario de la Asamblea y fue enviada a consulta a la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales.
Como ya es habitual en el discurso de los sandinistas, en el texto de la iniciativa se acusa a los anteriores gobiernos liberales de perseguir a los trabajadores informales, señalando particularmente al gobierno de Enrique Bolaños.
Además, el gremio que nació tras el arresto de los vendedores, denominado Asociación de Trabajadores de los Semáforos (ATS), fue promovido por el FSLN, que en ese tiempo estaba en la oposición y por el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), compuesto por un grupo de fanáticos sandinistas, leales a Ortega.
La iniciativa expone que «el 17 de junio del 2002 es una fecha significativa para los trabajadores por cuenta propia. El 16 de junio fueron detenidos 364 trabajadores por cuenta propia como represión sistémica del capitalismo neoliberal, los que fueron liberados el 17 de junio del 2002, el argumento para la detención: trabajar en el área pública en los semáforos y paradas de buses de Managua», manifiesta el antecedente de la iniciativa.
«Es así como un 17 de junio del año 2002 se constituye la primera expresión organizativa del sector, la Asociación de Trabajadores de los Semáforos (ATS), organización sindical que se transformó en la Confederación de los Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP.FNT), hoy, 20 años después, esta organización se ha convertido en un gran movimiento gremial y social, que aspira a consolidar y potenciar su aporte en la producción, el comercio y los servicios, así como contribuir a la seguridad ciudadana en sus lugares de trabajo», agrega la iniciativa.
Politiquería
Un exfuncionario y abogado que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que bajo el régimen orteguista, aprobar un día de los trabajadores informales es un acto de «politiquería» y considera que lo que buscan es «instrumentalizar a los sectores a través de estas organizaciones que se enriquecen de los pocos recursos que poseen estos sectores».
La iniciativa de Ley además expone que para el gobierno de Ortega es prioridad superar la pobreza, teniendo como guía «el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el desarrollo humano», pero la fuente manifestó que ese plan fracasó.
«El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza está out, si no veamos cuántos nicaragüenses se están yendo del país, no solo por la represión, sino por la falta de oportunidades, de tal suerte que esa iniciativa no es más que una de las tantas que buscan instrumentalizar a la clase trabajadora».
