La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a tres personas del departamento de Carazo por monitorear la farsa municipal del pasado 6 de noviembre y han sido enviadas a juicio bajo los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los acusados son: Karla Patricia Vega Canales, de 44 años, quien fue detenida a las 5:00 de la mañana del 5 de noviembre, en su casa ubicada en el municipio de El Rosario, Carazo; Sandra del Carmen Acevedo Díaz, de 56 años, y Allan Sebastián Bermúdez, de 53, ambos detenidos el 4 de noviembre en el municipio de Diriamba.
El juicio está programado para el 25 de enero de 2023 y estará a cargo de la jueza Carol Urbina Medrano, titular del Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Carazo.
Pese a que la captura de los tres ciudadanos fue denunciada antes de las cuestionadas elecciones municipales, la acusación que presentó la Fiscalía señala que las personas fueron apresadas el 8 de noviembre, entre las 3:00 y 4:30 de la tarde.
Lea también: Policía secuestra a otra opositora en San Judas
El jueves 10 de noviembre, a las 3:40 de la tarde se registró la acusación contra los tres y mandataron que al día siguiente los llevaran al Complejo Judicial de Carazo a las 8:15 de la mañana para celebrarles audiencia preliminar.
Mientras que la audiencia inicial fue programada para el 21 de noviembre a las 9:00 de la mañana, en la Sala No. 6 del Complejo Judicial de Carazo.
Los señalan de promover violencia y odio contra el CSE
En el libelo acusatorio, la Fiscalía acusa a las tres personas de promover supuestamente la violencia y el odio en contra de las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El escrito indica que desde marzo del 2020 los acusados interactuaban con pobladores de Carazo y hacían uso de las tecnologías de la información y la comunicación para tergiversar y desinformar a la población en torno al proceso electoral.
Lea además: Fiscalía orteguista acusa a opositor en Ocotal por supervisar votaciones municipales
La Fiscalía también señala que desde sus celulares accedían a redes sociales y a la aplicación de WhatsApp para desestabilizar la paz social y promover la abstención en las elecciones mediante una campaña denominada «Dedo Limpio, Conciencia Limpia».
Según el texto de la acusación, dichas acciones las realizaban supuestamente en dos grupos de WhatsApp denominados «Salvando las Ovejas» y «Unidad Nicaragüense de Marte a Júpiter».
Criminalizan reuniones en zoom
En cuanto al caso del preso político Allan Sebastián Bermúdez, la Fiscalía le atribuye promover reuniones internacionales a través de la aplicación de Zoom, para organizar grupos de diferentes municipios de Carazo para «crear zozobra y pánico a través de noticias falsas dirigidas a la población, así como menoscabar a la administración pública».
Según la Fiscalía, los acusados pretendían deslegitimar las elecciones municipales para luego solicitar sanciones internacionales contra el Estado de Nicaragua.
Otro acusado por «supervisar» las elecciones
La Fiscalía también acusó al opositor José Noel Talavera Arauz, de 56 años, en Ocotal, Nueva Segovia, por “supervisar” las votaciones municipales de noviembre pasado y por realizar supuestas acciones desestabilizadoras contra la dictadura desde hace tres años.
La Fiscalía señala a Talavera de recibir instrucciones, a través de WhatsApp, para supervisar y llevar un control de las cuestionadas elecciones municipales que estuvieron marcadas por la escasa participación de votantes y en las que el régimen se adjudicó las 153 alcaldías del país.
En la acusación, el Ministerio Público indica que el acusado recibió instrucciones desde el número de teléfono +505 58280615, registrado como “ética y transp”, para informar si había propaganda en el Centro de Votación donde le tocaba votar.
En la audiencia preliminar celebrada el 14 de noviembre, la jueza Marbellí Blandón Alfaro admitió la acusación, y decretó prisión preventiva, bajo el argumento de que el acusado podría evadir la justicia e intimidar a los testigos.
El Ministerio Público acusa a Talavera Arauz de ser autor directo de provocación para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso real de propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación.
La judicial programó para el 23 de noviembre la audiencia inicial en la que se determinará si el opositor acusado será remitido a juicio.
