En noviembre de 2020, mientras el régimen negaba el impacto de la pandemia y decenas de nicaragüenses eran enterrados de forma «exprés», gracias a la covid-19 Daniel Ortega logró que organismos internacionales le levantaran las restricciones para acceder a financiamientos. La sociedad civil celebró porque los recursos no los manejaría de manera discrecional, sino a través de una agencia que garantizaría la transparencia del gasto de cada centavo. Dos años después la realidad demuestra que nada cambió. Poco o nada se sabe sobre el manejo de esos recursos.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) es la agencia que maneja algunos préstamos que ha recibido el Gobierno. Actualmente ejecuta un portafolio de proyectos por unos 250 millones de dólares. Su política de comunicación se percibe similar al secretismo impuesto por el régimen.
Tras superar algunas barreras burocráticas, LA PRENSA consiguió una entrevista para conocer su quehacer en el país. La solicitud especificó que la entrevista se realizaría en línea, pero luego solicitaron un cuestionario que contestaron cuatro meses después por correo electrónico. Las respuestas que enviaron son escuetas y no dicen nada más allá de la información institucional que estas organizaciones publican en sus sitios web.
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Reanudó contrato con el país en 2019
Luego de la consulta realizada en julio, en agosto enviaron la información que está publicada en el sitio web de Unops Nicaragua, que se puede leer aquí. Al insistir se ofreció ampliar. Es así que cuatro meses después el director de Unops Nicaragua, Nazario Espósito, confirmó que la agencia está debidamente registrada en Nicaragua desde 2009.
En la primera, etapa ejecutaron un proyecto relacionado con el manejo de las cuencas transfronterizas del río Coco. Costó 1.3 millones de dólares y lo financió la Unión Europea (UE). Pasó una década para que volvieran a operar en Nicaragua.
«En 2019, después de un periodo en el cual no implementamos proyectos en Nicaragua se establecieron nuevos convenios, para apoyar el desarrollo del país colaborando con diversas instituciones nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM)», dijo Espósito vía correo electrónico.
El convenio se estableció en 2019, pero Espósito presentó sus cartas credenciales como director de Unops el 15 de diciembre del 2010. Antes él había sido coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua .
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Solo ejecuta, asiste técnicamente o supervisa
Espósito detalló que actualmente ejecutan proyectos en el sector educación, salud y recuperación pos-desastre y realizan supervisión externa en otros sectores. Estos proyectos los financia el FMI, BCIE, BID, BM y la UE. Entre todos suman un portafolio aproximado de 250 millones de dólares estadounidenses.
Según el funcionario, el de Unops varía en cada proyecto según su esquema aprobado y grado de complejidad. Pero en general, puede asumir los roles de agencia ejecutora, de asistencia técnica o de supervisor externo.
«En todas las modalidades de proyectos que Unops implementa en el país, es el ente financiador en coordinación con el Gobierno de Nicaragua quien decide el organismo que implementa o supervisa los proyectos. Nuestro rol se centra en ser responsables de su adecuada implementación o supervisión, para alcanzar los resultados esperados y así mejorar las condiciones de los y las nicaragüenses», explica Espósito.
Cabe recordar que en junio pasado LA PRENSA consultó por qué el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) del Proyecto de Respuesta al Covid-19 en Nicaragua financiado por el BM, publicado en el sitio web del Ministerio de Salud (Minsa), solo consideraba a medios oficialistas para la divulgación de la información. Este préstamo fue aprobado en noviembre de 2020 y fue de los primeros en los que se mencionó que intervendría la Unops.
El Banco Mundial respondió que el proyecto no tenía asignados fondos para la difusión. Por tanto, si esta se realizaba sería con fondos del Minsa, por lo que la elección de medios se realizaría bajo su discreción. Sin embargo, ese mismo día el Minsa eliminó el nombre de los medios oficialistas del documento.
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Insiste en que solo son agencia operativa
Al consultarle a Espósito cómo lidian con la falta de transparencia y acceso a la información que caracteriza al régimen de Ortega, se limitó a contestar que son una agencia operativa. «Cada proyecto que se implementa cuenta con un mecanismo de monitoreo y reporte detallado que garantiza la total transparencia y el seguimiento operativo del mismo», dijo.
Sin embargo, no explicó por qué no existe ningún canal establecido para que la población, que finalmente es la que pagará estos créditos, sepa cómo se manejan. En los dos años que llevan operando en el país, LA PRENSA no ha conocido ninguna actividad pública relacionada con estos proyectos, que además son de interés público. Aunque esto no significa que no se realicen, sino que las alcanzó la política estatal de secretismo.
Por ejemplo en agosto pasado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) inauguró un Centro Humanitario. Allí tienen oficina varias agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluida la Unops. La actividad se realizó en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y contó con la participación de la directora regional del WFP para América Latina y el Caribe, Lola Castro y de altos funcionarios del régimen. Sin embargo, no trascendió a los medios de comunicación.
