Este domingo 6 de noviembre habrá en Nicaragua elecciones municipales, sometidas a un consistente cuestionamiento nacional y con reservas en la comunidad democrática internacional acerca de su autenticidad.
El evento político del 6 de noviembre debería ser de mucha importancia para todos los nicaragüenses, pues se trata de escoger a las autoridades de los 153 municipios del país. Estas son las que se vinculan directamente a la gente en los territorios, conocen sus aspiraciones y técnicamente son las llamadas a resolver los problemas de las comunidades.
Sin embargo, no está permitida la participación de los partidos políticos de la oposición, a los cuales les ha sido quitado o se les niega su personería jurídica. Nos referimos a Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Conservador, Partido de Restauración Democrática (PRD), Unamos y Unidad Azul y Blanco (UNAB).
Los partidos que participan en las votaciones de este 6 de noviembre —aparte de la alianza oficialista del FSLN— son: PLC, PLI, ALN, Apre y Yatama. Pero a estos, las organizaciones opositoras, que no pueden hacer actividad pública pero tienen amplia presencia en las redes sociales, los identifican como colaboracionistas.
Por cierto que este colaboracionismo es un buen negocio económico. Se conoce que más de 30 millones de dólares del presupuesto nacional han sido asignados para financiar el evento del 6 de noviembre, de los cuales el 40 por ciento se distribuirá entre los partidos participantes como “compensación de sus gastos” electorales. Y por supuesto que la tajada más grande le corresponde al FSLN.
A través de las redes sociales y medios de información desafectos al régimen, las organizaciones opositoras han hecho a los ciudadanos el llamado de “quédate en casa”, o sea que este domingo 6 de noviembre no vayan a depositar y a desperdiciar su voto.
Cabe recordar que en la historia electoral reciente de Nicaragua, una elección municipal, la de 2008, fue la primera en ser manipulada para darle al partido oficialista una gran victoria que no estuvo sustentada en los votos. Por eso fueron también las primeras elecciones desde 1990, en las cuales no se permitió la observación electoral independiente, nacional e internacional. Solo amigos extranjeros del régimen vinieron al país a pasear a título de “acompañantes”.
Allí terminó la democracia electoral de Nicaragua, que, mal que bien y con defectos secundarios, se comenzó a practicar en las elecciones del 25 de febrero de 1990; las que ganaron doña Violeta Barrios de Chamorro y la alianza democrática UNO y sus resultados fueron aceptados por los sandinistas de mala gana, por la presión internacional.
Todas las elecciones posteriores —nacionales, municipales y regionales— fueron aceptables y validadas por la observación electoral internacional. La última fue la elección nacional de noviembre de 2006, que el FSLN y Daniel Ortega las ganaron gracias el pacto con el PLC que rebajó el umbral electoral a 38 por ciento. Pero sobre todo porque los liberales dividieron el voto y favorecieron al adversario común sandinista.
Ahora, personas de mucho prestigio intelectual y político aseguran que en el período de 1990 a 2006 —con los gobiernos de doña Violeta, Arnoldo Alemán y don Enrique Bolaños—, no hubo democracia, ni siquiera una transición democrática.
Pero lo cierto e innegable es que en ese tiempo había libertad de expresión y de prensa, la gente se podía organizar libremente en partidos políticos, y las elecciones fueron democráticas, libres y limpias, avaladas por la observación electoral internacional.