La denuncia presentada ante un juzgado criminal de Argentina contra Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, y siete funcionarios más, detalla los hechos ocurridos desde el primer día de las protestas estudiantiles, el 18 de abril de 2018.
La acusación formal fue presentada este pasado 02 de noviembre por el abogado y emigrante nicaragüense, Danny Ramírez-Ayérdiz, con el apoyo del doctor Jorge Alejandro. Ramírez-Ayérdiz es fundador y coordinador del Programa de Litigio Internacional del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Vive en Argentina desde 2019.
El escrito de la acusación detalla el papel que jugaron los nueve acusados en la represión armada contra los manifestantes, detallando lo siguiente:
¿Quien dio la orden de ir con todo?
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo una vez que las protestas se volvieron masivas y generalizadas, aproximadamente el 20 de abril dio la orden de “ir con todo” contra los manifestantes en una reunión de autoridades políticas del Frente Sandinista en la ciudad de Managua, lo que significaba que la militancia de ese partido, bajo la dirección primeramente del señor Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, coordinó la utilización de la Juventud Sandinista y de diversas
personas adeptas a ese partido para reprimir violentamente las manifestaciones entre abril y septiembre de 2018, sobre todo en la ciudad de Managua.
El presidente de la república, Daniel Ortega Saavedra, como parte del discurso negacionista estatal de participación de las autoridades públicas en la perpetración de los crímenes de lesa humanidad, ha alentado discursos de odio contra la oposición nicaragüense y en general, contra cualquier persona que no sea afín al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En una entrevista con un medio internacional, el presidente Ortega aceptó la existencia de las fuerzas paramilitares a los que llamó «policías voluntarios», lo que evidenció que el máximo jefe de las fuerzas policiales nicaragüenses está enterado de las formas de actuación y los crímenes cometidos por los llamados «paramilitares», cuenta Ramírez en la acusación.
Uso de fuerza letal
Al verse superadas las fuerzas policiales y de choque, Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad ideó, planificó y perpetró los ataques armados junto a otros jerarcas del partido, incluido el actual presidente de la Asamblea Nacional -órgano legislativo del país- el doctor Gustavo Porras.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lograron documentar ampliamente cómo la Policía Nacional unidos a los llamados “paramilitares” es decir civiles en los que convergían exmilitares, expolicías, funcionarios estatales de diversa graduación y militantes sandinistas, utilizó fuerza letal desproporcionada para reprimir las protestas dando como resultado más de 328 asesinados, según cifras de la CIDH.
Hay diversas evidencias de todo tipo que policías y francotiradores, al mando de Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, ejecutaron extrajudicialmente a personas en diversas circunstancias, especialmente en las protestas masivas y otras formas de resistencia pacífica.
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El comisionado Ramón Avellán, actual subdirector general de la Policía Nacional dirigió la llamada “operación limpieza”, una operación de tipo «tierra arrasada» por la que, entre junio y julio de 2018, se
levantaron por la fuerza diversas barricadas en las que estaba apostada permanentemente la población manifestante, sobre todo jóvenes de los departamentos de Masaya, Managua, Granada y Carazo. Como parte de esa operación, fueron ejecutados extrajudicialmente más de cien personas.
Expulsión de estudiantes que participaron en las protestas
Las autoridades universitarias, como parte del patrón de venganza y censura contra los estudiantes que participaron en distintas formas de manifestación, expulsaron a más de ochenta estudiantes y borraron sus registros académicos sin proceso disciplinario previo ni respeto alguno de las garantías del debido proceso. Las expulsiones se dieron por órdenes de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez.
Actualmente, el patrón de censura y castigo gubernamental que da continuidad a los crímenes de lesa humanidad iniciados en 2018 se expresa en la aprobación de un conjunto de leyes represivas para
detener a las voces críticas del actuar gubernamental, especialmente tras la explosión social de abril de 2018. De esta manera, actualmente hay más de 180 “presos políticos”, es decir, personas detenidas y sometidas a procesos por delitos como menoscabo a la integridad nacional, traición a la patria y otros
delitos que, evidentemente, fueron aprobados con la finalidad de encarcelar al amplio espectro de la oposición política, civil y religiosa nicaragüense.
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Las personas privadas de libertad por motivos políticos sufren de diversas formas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluye infligir tortura física, psicológica, entrega de comida en mal estado, a veces con detergente, la negación de la atención de salud y medicación y la suspensión de visitas familiares, lo que significa que esto es una forma de tortura que se extiende a sus familiares.
Control partidario del poder judicial
El Poder Ejecutivo ejerce un control absoluto sobre el Poder Judicial y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas, máximo órgano jurisdiccional del Estado ha sido la ejecutora de juicios desprovistos de la mayoría de las garantías judiciales establecidas en la legislación nicaragüense y las que señalan tanto los tratados internacionales de derechos humanos como el Ius Cogens.
«Todos estos funcionarios utilizaron las estructuras estatales y autoridades, simpatizantes y estructuras territoriales del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -actualmente en el poder- para cometer el ilícito delitos de lesa humanidad en el territorio de la República de Nicaragua, ilícito sancionado por el artículo 7 del Estatuto de Roma, por aplicación de los artículos 2 y 5 de la Ley 26.200, sobre la base del Principio de Jurisdicción Universal que se desprende del artículo 118 de la Constitución Nacional y del Derecho Internacional consuetudinario», manifesta la denuncia.
Excepción de competencia territorial
En el escrito entregado en el Juzgado Criminal y Correccional No. 4, el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz solicita «excepción de competencia territorial» y explica que «las conductas descriptas en los artículos 6º, 7º, 8º y 70 del Estatuto de Roma y todos aquellos delitos y crímenes que en lo sucesivo sean de competencia de la Corte Penal Internacional, serán punibles para la República Argentina en la forma que esta ley prevé”.
