Un nuevo complejo carcelario, con capacidad para albergar a 1,520 privados de libertad, será inaugurado la próxima semana en el occidente del país. La nueva cárcel está ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de León, en la comarca Chacraseca.
Se desconoce a cuánto asciende la inversión que realizó el Ministerio de Gobernación (Migob) en la construcción de este nuevo centro que pertenece al Sistema Penitenciario Nacional y cuya construcción se anunció en octubre de 2017, es decir, hace cinco años.
La información preliminar divulgada por medios oficialistas indica que el complejo tiene un área total de 30,084.47 metros cuadrados, donde alojarán a 1,520 hombres y mujeres privados de libertad. La nueva cárcel se presenta con una área de visitas, clínica médica y odontología, salones de clase, canchas recreativas, espacio de patio-sol, área materna y cuartos «con todas las condiciones para los reclusos». Está previsto que la inauguración sea el próximo 9 de noviembre.
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Cinco años de anuncios
En 2017 se dijo que esta nueva cárcel le quitaría presión a la penitenciaría de Chinandega que tiene capacidad para 700 reclusos y hasta ahora era la única que existía en el occidente del país. En 2017, cuando anunciaron la construcción de este complejo del Sistema Penitenciario, el proyecto contemplaba que fuera una cárcel de régimen abierto.
«Creo que vamos avanzando porque este régimen abierto que lo tuvimos en los años 80, permite a las personas que están en estos centros penitenciarios estudiar y trabajar. Y así seguir aportando a sus familias mientras cumplen con sus penas”, dijo la vocera oficial Rosario Murillo, en octubre de 2017 cuando anunció que construirían esta nueva cárcel.
En ese momento se confirmó que desde 2008 se tenía previsto construir este nuevo reclusorio. Sin embargo, la falta de fondos para financiar el proyecto y problemas para conseguir el terreno postergaron su ejecución.
Cinco años después del anuncio oficial finalmente la construcción se concretó y se tiene previsto inaugurarla el 9 de noviembre. Se desconoce si mantiene el plan original para que sea un centro de régimen abierto, pues la situación política del país ha cambiado y el régimen ha adoptado nuevos mecanismos para el tratamiento de los privados de libertad.
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Cada año salen de las cárceles miles de reos comunes
Por ejemplo, entre enero y octubre de 2022 el Gobierno ha enviado a sus casas, bajo el régimen de convivencia familiar, a 3,450 reos comunes y aún falta la liberación que realizan previo a las fiestas de Navidad y fin de año. Esta práctica se aplica desde 2018, por lo que actualmente miles de reclusos han abandonado las cárceles.
Sin embargo, desde ese año la cantidad de personas encarceladas por razones políticas ha crecido considerablemente, pero a estas se les niega todo beneficio, incluso las visitas a las que por ley tienen derecho, por tanto no encajarían dentro de un sistema abierto como el que se supone tendría esta nueva cárcel.
Por ejemplo, los cerca de cuarenta reclusos que permanecen en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) solo han recibido diez visitas en casi año y medio. Es decir con intervalos de dos o más meses. Además, sus familiares han denunciado que solo les permiten salir a los patios para tomar el sol durante pocos minutos, unas dos veces por mes.
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