Costa Rica sufre directamente las consecuencias de la crisis sociopolítica que Nicaragua vive desde 2018, lo que ha empujado a miles de ciudadanos a huir de su país y buscar refugio en la nación vecina del sur, gobernada actualmente por el presidente Rodrigo Chaves.
Arnoldo André Tinoco, canciller costarricense, en entrevista con LA PRENSA indicó que aunque su país se ha distinguido por ser humanitario y hospitalario, “el costo es excesivamente alto para que el país lo financie solo”, y por tal razón, refiere que “por eso hemos salido a la comunidad internacional a buscar apoyo financiero no reembolsable”.
En los cuatro primeros meses de 2022, según los datos más recientes divulgados por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), 25,595 nicaragüenses han solicitado refugio en ese país, siendo marzo el mes en que más casos recibieron las autoridades migratorias.
En todo 2021, Costa Rica recibió un total de 52,929 solicitudes. Sociólogos han manifestado en diferentes ocasiones que esta masiva salida de nicaragüenses es provocada particularmente por la crisis económica y falta de oportunidades de empleo en el país, sin olvidar el estado de represión que el régimen mantiene contra grupos de oposición, organizaciones civiles y medios de comunicación, incluyendo periodistas.
“Nos preocupa la violación persistente a los derechos humanos”
A raíz de las protestas antigubernamentales de abril 2018, cuando miles de ciudadanos exigían la salida del poder de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el régimen utilizando a la Policía como brazo represor y a parapolicías ejecutó una brutal represión que dejó el saldo mortal de 355 nicaragüenses —según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, miles de exiliados y decenas de presos políticos.
Actualmente, el régimen mantiene en las cárceles del país y en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, a al menos 190 personas privadas de libertad, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, cuyos datos son avalados por la CIDH.
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Sobre este particular, el canciller costarricense manifestó que pese a que “la problemática de cada país debe resolverla la población de cada país, por el principio de autodeterminación de los pueblos”, y siendo así que les corresponde a los nicaragüenses “elegir su forma de Gobierno y corregir sus asuntos”, a Costa Rica —gobernada por Chaves— “nos preocupa por supuesto, históricamente como política de Estado, la violación persistente a los derechos humanos, nos preocupan mucho los presos políticos y sus familiares, nos preocupan mucho la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales, cuyas resoluciones hemos apoyado”.
Llamado de embajador es un “acto de reciprocidad”
El pasado 13 de julio, el régimen retiró de forma sorpresiva a Duilio Hernández Avilés como su embajador en Costa Rica y designó como encargado de negocios al exvicecanciller Valdrack Jaentschke. El diplomático Hernández tenía cuatro años desempeñando el cargo en San José.
Sobre el tema de cómo se encuentran las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, André manifestó que por un lado “tenemos excelentes relaciones fronterizas que a nivel técnico funcionan bien, a nivel de control aduanero, de control fitosanitario, de combate contra el narcotráfico y de seguridad fronteriza. Todas las relaciones técnicas tienen buen funcionamiento”.
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Señaló que, a nivel diplomático, en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) “hemos apoyado las resoluciones de condena ante la grave violación de los derechos humanos que ocurren en Nicaragua”.
“Tenemos un encargado de negocios en Managua y Managua recientemente ha retirado al embajador y lo ha sustituido por un encargado de negocios. Vemos en ello un acto de reciprocidad”, afirmó el canciller costarricense.
“Estamos en esfuerzos para lograr la reactivación del SICA”
Actualmente existe un impasse provocado por la falta de consenso de los siete presidentes integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para elegir al nuevo secretario general, puesto que lleva vacío desde hace un año, cuando Vinicio Cerezo dejó de el cargo.
El canciller costarricense dijo a LA PRENSA que su país se comprometió a destrabar el impasse y aseguró que “estamos en esfuerzos para lograr la reactivación del SICA”. Según el funcionario, este corresponde por turno, acordado en el año 2013 y en el 2017 por los presidentes, por ende corresponde a Nicaragua elegir al candidato. En alusión a un acuerdo firmado durante la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, realizada en San José, Costa Rica, el 29 de junio de 2017, en donde se estableció la rotación geográfica para el cargo, correspondiendo a Nicaragua la Secretaría General del SICA para el período 2021-2025.
“En la última terna que presentó Nicaragua, después de una primera que no fue de aceptación, los site cancilleres restantes del Sistema han opinado que el señor Werner Vargas es un diplomático que puede llevar bien el Sistema, por cuanto fue director ejecutivo del 2014 al 2020, bajo la Secretaría General de Vinicio Cerezo y conoce bien el Sistema. Yo me adherí a la recomendación de los otros siete cancilleres, por cuanto el Sistema del SICA es consensual. Esa es una recomendación que hacen los cancilleres a la Reunión de Presidentes, que es quienes finalmente eligen al secretario general”, aseguró.
André remarcó que la Reunión de Presidentes está convocada para este mes de agosto. Al consultarle sobre su valoración ante la falta del secretario general, el funcionario costarricense aseguró que “estamos en esfuerzos para lograr la reactivación del SICA, que desde hace más de un año carece de un secretario general y con ello hay más de 153 millones de dólares de cooperación que están en espera del nombramiento de un secretario general para ser ejecutados. En ese sentido, en la reunión de agosto de los presidentes esperamos que se resuelva”.
El SICA es un mecanismo de integración regional fundado en 1991, por decisión de los presidentes centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, que está compuesto por los siete países —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice— del istmo centroamericano y República Dominicana, que se unió en el año 2013. Siendo la Reunión de Presidentes la máxima autoridad que nombra al secretario general que cumple las funciones administrativas a nombre de los mandatarios.