Estudiantes que fueron expulsados de las universidades estatales denuncian al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la vulneración al derecho a la educación y migración forzada. La denuncia «Estudiantes expulsados», para los jóvenes significa una reivindicación y la búsqueda de justicia para que el Estado, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, sea responsabilizado por estos delitos.
Esta denuncia fue presentada ante el organismo internacional el pasado 23 de julio, Día del Estudiante nicaragüense, debido a lo simbólico de la fecha. Líderes estudiantiles denuncian que debido a su participación ciudadana desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 «fueron perseguidos, hostigados, amenazados y forzados al exilio por el Gobierno de Nicaragua», expuso el abogado internacionalista Danny Ramírez, coordinador de Litigio Internacional del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos.
Esta denuncia se centra en la violación al derecho a la educación de las cuatro víctimas. Tres de los líderes fueron expulsados de manera definitiva de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y borraron sus registros académicos sin realizar un proceso disciplinario que era el proceso adecuado en todo caso. Algunos de estos estudiantes decidieron continuar con sus estudios en una universidad privada, que también fue cancelada por orden de la Asamblea Nacional. Los jóvenes se quedaron sin casa de estudios por segunda ocasión, pero esta vez con menos esperanzas de terminar su formación universitaria en el país.
El especialista explicó que el centro de Litigio Internacional ha dado acompañamiento a estos jóvenes debido a que Nicaragua es uno de los países con mayor retroceso en materia de derechos humanos.
Esta denuncia visibiliza los hostigamientos, amenazas y el exilio forzado al que estos jóvenes estudiantes fueron sometidos. «Los estudiantes, a causa del ejercicio de su derecho a la libre manifestación y asociación, sufrieron diversas formas de represión como forma de censurar su liderazgo. Por ejemplo, fuerzas policiales y paramilitares vigilaron, persiguieron y amenazaron con agredir e incluso asesinar a varios de ellos», expuso el abogado Ramírez.
El coordinador de Litigio Internacional explicó que no es la primera petición que han interpuesto, en junio de este año interpusieron cinco denuncias contra el Estado de Nicaragua. Asimismo aseguró que con este caso las víctimas son movidas por un profundo sentimiento de búsqueda de justicia debido a la impunidad institucional en Nicaragua.
Expectativas con el proceso
Con el inicio de este proceso contra el Estado de Nicaragua, el especialista explicó que los jóvenes esperan ser escuchados debido a que es el principal derecho que les ha sido violentado. «Nadie los escucha porque hay un relato estatal instalado de negación absoluta de la participación de fuerzas policiales y paramilitares en los crímenes de lesa humanidad, que se cometieron desde el año 2018 y se siguen cometiendo», indicó.
Asimismo, Ramírez expresó que las víctimas aspiran a que los organismos internacionales fijen su atención en el accionar de las autoridades e instituciones de educación superior pública que están sometidas al servicio del poder ejecutivo.
«El hecho que las universidades tengan una orientación partidaria concreta que no permita a los estudiantes hablar de manera libre, violenta la libertad académica. Es una violación de los derechos de trabajadores, docentes, administrativos, hasta de los estudiantes. Las universidades no pueden elegir orientaciones partidarias, pueden elegir orientaciones ideológicas».
Agregó que a consecuencia de la violación al derecho de elección se evidencia la falta de autonomía universitaria y que las universidades no garantizan los derechos humanos dentro de los recintos y procesos.
«Iniciar este caso representa una reivindicación de nuestros derechos estudiantiles»
El especialista Ramírez indicó que aunque esta denuncia solo está expuesta por cuatro víctimas, hay muchos jóvenes en esta misma posición con planes de iniciar este mismo proceso. Katherine Ramírez, una de las víctimas, explicó que el objetivo de la denuncia es que el Estado de Nicaragua pueda aceptar ante la comunidad internacional su responsabilidad en las violaciones a los derechos estudiantiles, pero que el solo proceso es ya una reivindicación a sus derechos.
«Es un precedente para la lucha estudiantil porque no solo se hace como ha sucedido durante este tiempo, creo que también se construye desde la búsqueda de justicia, desde la búsqueda al debido proceso y asegurar que este proceso pueda seguir adelante», indicó la líder estudiantil.
El abogado internacionalista Danny Ramírez aseveró que el Estado de Nicaragua tiene obligaciones concretas ante el derecho internacional debido a los tratados internacionales suscritos desde 1978. Explicó que aunque la mayoría de tratados sobre derechos humanos a los que fue suscrito el Estado de Nicaragua se dieron luego del triunfo del partido Frente Sandinista, tras la revolución popular, ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo son los que han vulnerado de manera sistemática y masiva los compromisos sobre los derechos humanos.
«Buscar reparación y ser oídos ante los organismos de derechos humanos no controvierte la soberanía nacional porque el Estado mismo se obligó a escuchar y cumplir con las obligaciones que determinen estos organismos, como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos», finalizó.
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