Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil protestaron este lunes por los millonarios préstamos que los organismos multilaterales continúan aprobando al régimen de Daniel Ortega para la lucha contra la covid-19, sin exigir ningún tipo de rendición de cuentas por el manejo discrecional que la dictadura ha hecho con la pandemia.
Las organizaciones expresaron su “profunda sorpresa y decepción por la aprobación de parte del Banco Mundial de un financiamiento adicional de respuesta al covid-19”, que consistió en un fondo de 116 millones de dólares para comprar materiales sanitarios y además reforzar el sistema de salud frente a la crisis sanitaria internacional.
A criterio de estas organizaciones, el Banco Mundial no consideró “la opacidad, el secretismo y el perverso manejo de la pandemia por parte de este régimen ilegítimo, lo que ocasionó un saldo aproximado de 15,000 muertes, de las cuales más de 200 fueron decesos de profesionales de la salud, que pudieron haber sido disminuidas sensiblemente si se hubiesen atendido las medidas dictadas por la OMS”.
Además, ignoró que desde el 2020 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “viene señalando públicamente el mal manejo que se ha hecho en Nicaragua de la pandemia, circunstancias que el Banco Mundial no ha considerado al momento de otorgar este préstamo”.
Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el año pasado, además del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgaron al régimen de Ortega fondos de hasta 185 millones de dólares, pese a que este no modificó “las malas prácticas que continúa impulsando en el manejo de la pandemia”.
“Aún conociendo la grave situación de derechos humanos en el país, las torturas contra los más de 180 presos políticos en las cárceles y la persecución a sus familiares, las instituciones financieras prefieren hacer caso omiso para continuar financiando a un régimen ilegítimo”, cuestionaron.
“Las instituciones financieras han permitido un manejo discrecional de los fondos para compra de vacunas, que terminaron en proveedores rusos, chinos o cubanos, ninguna de ellas aprobadas por la OMS, a precios o en condiciones menos favorables de lo que ofrecían otros proveedores certificados”, denunciaron.
Citado en el comunicado de las organizaciones que protestaron contra el BM y el resto de organismos financieros, se menciona a Miguel López, exsecretario general del Ministerio de Salud (Minsa), quien señaló: “La población nicaragüense ha estado expuesta a un holocausto sanitario por parte del régimen ante el incumplimiento de sus deberes constitucionales y de lo que establecen los instrumentos
internacionales; en este sentido, no solamente ha abandonado al pueblo en la fase inicial de la pandemia sino también a los mismos profesionales de la salud al haberles negado la posibilidad de contar con el equipo básico de protección”.
“Es importante agregar que la falta de atención del Minsa a la población no ha sido por falta de recursos, al contrario, existe una subejecución de estos fondos, por lo tanto no tiene sentido que el Banco Mundial le otorgue un préstamo a un régimen sancionado por varios países europeos, Canadá y el Gobierno de los Estados Unidos de América contraviniendo, de parte de este último, lo estipulado en su política exterior de no financiar regímenes vinculados al crimen organizado y violador de los derechos humanos”, puntualizó.
A criterio de las organizaciones, el hecho de que en la ejecución de los fondos participen entidades de Naciones Unidas no garantiza que el régimen de Daniel Ortega cumpla con las cláusulas de transparencia que exigen estos tipos de préstamos.
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“Que la administración de parte de los recursos de estos préstamos por parte de OPS y la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), no es garantía de cumplimiento del punto anterior, ya que las decisiones operativas recaen en el Minsa”, agregan.
A criterio de estas organizaciones, “las instituciones financieras deberían disponer mecanismos independientes de auditoría continua de la ejecución de los proyectos que se financien en Nicaragua, para una efectiva rendición de cuentas”.
