Nicaragua y Costa Rica siguen sin adoptar las medidas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el desplazamiento de nicaragüenses al país vecino. Defensores indican que el “Estado de terror” que viven los nicaragüenses continúa y muestra de ello es el constante desplazamiento y esta migración forzada está calificada como violación grave a los derechos humanos por la CIDH.
Cinco recomendaciones fueron emitidas para el Estado de Nicaragua y 17 fueron para Costa Rica. El defensor de derechos humanos, Yader Valdivia, indicó que todavía no se han cumplido en su totalidad en el país vecino. “De las primeras recomendaciones se refiere al fortalecimiento, asistencia técnica y financiera al Estado, al fortalecer a las comunidades que acogen personas migrantes… de acuerdo a esta recomendación no se ha implementado un plan de atención y fortalecimiento de las comunidades que acogen personas migrantes. Además, de diversas formas se sigue limitando el acceso a la salud, al trabajo, alimentación y vivienda”, indicó.
Agregó que la falta de documentación ha provocado el retorno de desplazados a Nicaragua, sin que exista protección en el país para su regreso. Varias de las recomendaciones emitidas por la CIDH fueron para aceleración del proceso de refugio y que existan alternativas para personas que no cumplan con la calidad de refugiado. “Respecto a esto, se sigue limitando el acceso a este documento con un período extenso… quisiera mencionar que esto no se da en otras nacionalidades, solo en los casos nicaragüenses y tienen que esperar alrededor de 6 a 9 meses para que puedan obtener un ingreso a la Unidad de Refugio, y puedan realizar la solicitud de esta categoría”.
Valdivia explicó que otras de las limitantes es que se ha unificado el carnet de refugio con el permiso y deben esperar tres meses para comenzar a laborar. Mencionó que con respecto a las aprobaciones de refugio, no existe una cantidad de reconocimiento de esta condición en comparación con la 130 mil solicitudes.
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Durante el foro virtual: “Desplazamiento nicaragüense en Costa Rica: a 3 años de las recomendaciones emitidas por la CIDH”, promotores de derechos humanos de diferentes organizaciones se refirieron a la situación de los migrantes, destacando sectores vulnerables como mujeres y niños.
Uno de los planteamientos durante el foro es que además de la crisis sociopolítica que vive el país desde hace cuatro años hay otras razones que incrementan la cantidad de migrantes, como el maltrato a las mujeres que buscan refugio en Costa Rica.
Desafíos que viven los migrantes
Ingrid Maldonado afirmó que las mujeres víctimas de violencia de género son un alto índice dentro del porcentaje de personas migrantes. El país vecino debería de adoptar enfoques especializados para estas víctimas.
“Uno de los retos mayores es el procedimiento… sigue siendo común encontrar muchos problemas al gestionar”, indicó la defensora de derechos humanos. Agregó que en muchos de los procesos llevan casi cuatro años sin recibir respuestas. En el caso de las mujeres que han sido madres recientemente las autoridades les niegan la posibilidad de iniciar un proceso hasta confirmar un perfil de perseguidas políticas.
Además, Maldonado agregó que para el caso de los nicaragüenses que están solicitando primeras citas, quedan programadas para el 2023, lo que en comparación con otras nacionalidades son más largas “lo cual se puede considerar discriminatorio, porque no entendemos por qué hacerse una diferenciación en cuanto a la manera de solicitar refugio de los nicaragüenses y haitianos, que de otras nacionalidades”.
Perspectiva de género en los procesos
Adilia Solís afirmó que existe la necesidad de visibilizar los contextos en los cuales viven las mujeres migrantes y solicitantes de refugio, para adoptar medidas que expliquen las múltiples violencias que estas viven porque “si no consideramos estos contextos y se invisibilizan, las consecuencias en los protocolos es lo que está pasando”.
Uno de los desafíos que viven las mujeres migrantes es el acceso a la salud, sexual y reproductiva, independientemente del estatus migratorio. “Las mujeres que han venido en desplazamiento forzado, que han atravesado múltiples violencias sexuales, no tienen acceso a la salud”. La defensora de derechos humanos esto lo clasifica como deuda histórica con las mujeres.
También agregó que se deben ajustar los procesos migratorios a los cuales se enfrentan las mujeres migrantes para poder detectar las múltiples violencias. Además, de trazar una ruta segura en la protección de la mujer.
Deudas con niñez y adolescencia
Ruth Moreira afirmó que la preocupación es debido al acceso a la educación secundaria y universitaria, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado. “Se ven casi con la obligación de trabajar, pero su minoría de edad no se lo permite… Existen menores de edad que están trabajando en la calle, en agricultura o dedicándose a otras actividades casi ilegales que incluyen que puedan ser llevados ante los tribunales de justicia, eso es preocupante porque está afectando a la niñez”, afirmó.
La falta de información sobre la legislación costarricense es un obstáculo para acceder a derechos que son aplicados tanto a nacionales como a personas migrantes. Moreira, señaló que el Estado debe asumir su responsabilidad porque “no es posible que las organizaciones sociales estemos haciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado, con recursos mínimos”.
